A través de una auditoría, la Contraloría General de la República informó que el exalcalde distrital de Cayma, Jaime Chávez, junto a otros cuatro exfuncionarios, ocasionó un perjuicio económico de más de S/1 millón a la Municipalidad Distrital de Cayma. Al final de su gestión, la exautoridad delegó irregularmente facultades para otorgar conformidad a la entrega de una obra inconclusa, lo que resultó en un beneficio indebido para una empresa privada.

De acuerdo al informe de auditoría N° 23-2024-2-1302 AC, cinco exfuncionarios de la comuna caymeña otorgaron conformidad para la entrega del parque de las Tradiciones Caymeñas, ubicado en el pueblo joven José Olaya, zona B, pese a que estaba inconcluso. Además, suscribieron una conciliación omitiendo normas de orden imperativo, lo que generó un perjuicio económico de S/1 millón 065 mil 275 para la municipalidad.

«En cuatro informes anteriores, la Contraloría ya advirtió sobre responsabilidades administrativas. No obstante, esta auditoría determina presunta responsabilidad penal de parte del exalcalde Jaime Chávez y otros funcionarios. En este caso, el exalcalde está involucrado por delegar facultades al jefe de Asesoría Jurídica para conciliar, cuando esto es facultad exclusiva del procurador público. El jefe jurídico concilió con el Consorcio Álamo, perdonando las penalidades y aceptando que la obra se entregó al 100%, cuando eso es mentira», declaró el regidor de la municipalidad de Cayma, Iván Velásquez Ramos.

La Contraloría identificó a los cinco exfuncionarios involucrados: Jaime Pedro Chávez Flores, exalcalde distrital de Cayma; Jorge Antonio Tejada Medina, exjefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de Cayma; Alice Patricia Román Delgado, exprocuradora pública del municipio; Rodrigo Jesús Bernedo Condori, exsubgerente de Obras Públicas de Cayma, y Carlos Dángelo Ampuero Riega, exgerente de Desarrollo Urbano de Cayma. Todos enfrentan presunta responsabilidad penal y administrativa PAS.

El informe solicitó que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Anticorrupción inicie acciones legales contra los cinco exfuncionarios. Asimismo, recomienda a la Oficina de Control Interno (OCI) de la Municipalidad Distrital de Cayma iniciar procesos administrativos sancionadores. Al respecto, Velásquez Ramos adelantó que, en la próxima sesión ordinaria del consejo municipal, pedirá información sobre las medidas adoptadas tras la auditoría.

Para Velásquez Ramos, estas acciones deberían derivar en la inhabilitación de los implicados por un periodo de entre uno y cinco años. Además, subrayó que, durante la actual gestión, se evidenció que la obra supuestamente culminada presenta deficiencias estructurales, como un sistema de agua defectuoso y un mantenimiento insuficiente. «La empresa recibió el 100% de pago porque la obra debía estar culminada, pero la corrupción ha perjudicado a todos los caymeños. Sin embargo, nadie dice nada», concluyó el regidor.