El Consejo Regional de Arequipa (CRA) evalúa tomar acciones legales contra el Ejecutivo Regional tras la observación, en dos ocasiones, de la ordenanza que aprueba su código de ética. Según la Comisión de Ética del CRA, esta negativa vulnera las competencias del Legislativo y constituye un posible abuso de autoridad por parte del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Además, la falta de un código ha impedido avanzar en tres investigaciones contra consejeros regionales.

Durante el primer semestre del 2024, el CRA aprobó la conformación de la Comisión de Ética, que requería un código normativo para operar. Los 14 consejeros trabajaron de forma conjunta en la elaboración del documento, logrando su aprobación en el pleno del Legislativo regional. Sin embargo, el GRA observó la ordenanza y, pese a que el CRA levantó dichas observaciones, fue rechazada en dos oportunidades bajo el argumento de que el Legislativo no puede elaborar su propio código de ética.

«El GRA no tiene la facultad de denegar la parte legislativa. No publicar una ordenanza regional es atentar contra las competencias del consejo. Hemos visto que se establecieron demandas a nivel nacional y crearon jurisprudencia. Si el Ejecutivo observa una vez, el legislativo puede insistir y la ordenanza debe publicarse. Si está en contra, la única manera para evitarlo es iniciar acciones ante el Tribunal Constitucional», declaró el consejero César Huamantuma Alarcón, presidente de la comisión de Ética del CRA.

La falta de publicación del código de ética ha generado cuestionamientos sobre la legalidad del accionar del GRA y está obstaculizando el trabajo de la Comisión de Ética. Este órgano ha recibido tres denuncias que involucran posibles inconductas de los consejeros Miguel Ángel Linares Riveros y Marleny Arminta Valencia. Sin un código normativo vigente, dichos casos no pueden ser evaluados y permanecen en espera de investigación.

El presidente de la Comisión de Ética anunció que, de persistir la negativa del Ejecutivo Regional, el CRA presentará una demanda judicial en enero de 2025 para defender su autonomía legislativa. Mientras tanto, exigen que el GRA cumpla con sus obligaciones y publique la ordenanza regional para garantizar la transparencia en la fiscalización interna.