Por: Alejandro Paz S.

SERMO HUMILIS

El incremento de remuneraciones está condicionado a mayores ingresos en las organizaciones empresariales o en aquéllas que sin serlo se dedican a actividades comerciales como sin fines de lucro, no siendo suficiente en la práctica reconocer la pérdida de la capacidad adquisitiva del dinero si la economía del empleador no mejora o se mantiene, entre otros factores. Obedece a un estudio técnico, no por una simple decisión sin el adecuado sustento financiero.

En el Día de los Santos Inocentes, ayer, el ejecutivo publicó decreto supremo otorgando a partir del 1 de enero de 2025 un aumento de S/ 105,00 a los trabajadores del sector privado, coincidiendo la mayoría de profesionales de la economía y representantes de gremios empresariales que las consecuencias negativas de tal dispositivo afectará a las micro y pequeñas empresas que son las mayores generadoras de empleo en el país, vislumbrándose su acercamiento a la informalidad, cuando debiera trabajarse en políticas de formalización en el empleo e incentivos para la mejora de la productividad En el aumento remunerativo es consabido los efectos en los sobrecostos sociales, como mayores pagos en contribuciones o previsiones asistenciales, laborales y pensionarios. No obstante, en la norma promulgada en sus considerandos se señala que el reajuste de la remuneración mínima que se dispone toma en cuenta los lineamientos técnicos consensuados en el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo para el incremento de la Remuneración Mínima Vital, en cuanto a índices de inflación subyacente y productividad… Sin embargo, no se ha advertido que en los últimos años el aumento de la RMV ha superado al índice inflacionario acumulado, y el expresarse que el aumento contribuye con la mejora sostenible del poder adquisitivo de los trabajadores, no sino una decisión política para levantar bonos o el índice de aprobación de la gestión de gobierno, aun cuando ésta sea negada.

El pasado sábado 21, el gobierno publicó el aumento de S/ 100,00 en las remuneraciones de servidores, funcionarios y directivos públicos, también a partir del 1 de enero entrante. Este incremento no debe demandar recursos adicionales al Tesoro Público y debe ser con cargo al presupuesto institucional de cada dependencia gubernamental. Ello implica que en el nuevo presupuesto institucional debe considerarse tal aumento remunerativo, caso contrario tendrá que afectarse otras partidas destinadas a inversión o servicio público, postergando la ejecución de obras de importancia en gobiernos locales, regionales o de nivel nacional.

Ante el déficit fiscal que bordeará los 4 puntos al cierre del año, el gasto público sigue incrementándose irresponsablemente, lo que se agrava con la afectación presupuestal para el gobierno que suceda a la actual mandataria, pues se viene trabajando sin disciplina fiscal y de gasto sustentable y razonable, producto de la improvisación e incapacidad de la cartera de economía.

Detrás del Día de los Santos Inocentes, no se necesita anuncios populistas, sino obrar con sobriedad en acciones que nos acerque al bienestar en todas sus acepciones, que se nos devuelva la calificación de país confiable, destino de inversiones, se seguridad jurídica, no un paraíso de incertidumbre; que se rescate a la clase política con catadura moral, sea cual fuera su ideología, así primará el criterio y la razonabilidad; por salud cívica.