Envían a Contraloría irregularidades en ejecución de La Nueva Molina
A inicios de 2024, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) inició la ejecución del proyecto La Nueva Molina, presentado inicialmente como una vía de acceso para la autopista Arequipa-La Joya. Sin embargo, la obra en construcción corresponde a una vía de cuatro carriles, valorizada en más de S/30 millones. Desde el Consejo Regional de Arequipa (CRA) solicitaron la intervención de la Contraloría General de la República a través de un informe de fiscalización.
«Este proyecto debió ser una iniciativa independiente, con un código de Invierte.pe propio, y no afectar el componente principal de la autopista Arequipa-La Joya. No existía el sustento técnico ni legal para ejecutarlo de esta manera. Se utilizó el código de Invierte.pe de la vía principal, pese a que ese código ya estaba cerrado. Esto constituye una irregularidad y podría implicar una malversación de fondos», señaló César Huamantuma Alarcón, presidente de la comisión de Infraestructura del CRA.
Además, se confirmó que La Nueva Molina no forma parte de ninguno de los cuatro componentes originales de la autopista Arequipa-La Joya, ya que las vías de acceso necesarias para la obra principal ya fueron ejecutadas. Huamantuma informó que, tras remitir el informe de fiscalización, se reunió con funcionarios de la Contraloría para exponer las posibles irregularidades en el proyecto. Se espera que el órgano de control emita un informe independiente en los próximos meses.
Por otro lado, la Contraloría advirtió que La Nueva Molina no será concluida durante 2024, a pesar de los plazos anunciados al inicio del año. Según la entidad, el retraso en la ejecución podría afectar la programación y culminación del puente y sus accesos, además de ocasionar ampliaciones de plazo e incrementos de costos para la contratista y la supervisora de la obra. La culminación se proyecta ahora para el primer trimestre de 2025, aunque aún no se ha definido una fecha exacta.
La situación ha generado preocupación por la posible afectación a los recursos públicos y el impacto en la conectividad de la región.