Por Carlos Meneses

La informalidad minera debe terminar en un plazo improrrogable de 6 meses a un año para que el Perú pueda disfrutar de los recursos que ahora favorecen a naciones como Bolivia, Colombia y Ecuador.

El gobierno ha cedido en conceder medio año para que los mineros aceleren su proceso de formalización. De seguro cuando llegue junio habrá una prórroga, pues los trámites que deben realizarse son complejos y faltará tiempo para cumplir con todas las exigencias.

El ministro de Energía y Minas que remplazó a Rómulo Mucho, ha accedido a esta primera demanda, que esperemos sea casi la única que se pueda otorgar. Por de pronto fuerzas combinadas del Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) se están encargando de destruir vías de comunicación que permiten que a Bolivia, Colombia y Ecuador se lleven oro y cobre peruanos para que se procesen en territorio extranjero, eludiendo el pago de impuestos y el empleo peruano.

Los resultados que se han obtenido hasta ahora han sido negativos, el número de informales que han encontrado solución a su problema como ilegales o artesanales ha sido muy pequeño y por eso la minería formal pedía acciones eficaces para detener esta actividad que no era lícita, además se hacía uso de artefactos explosivos y finalmente de delincuencia para seguir extrayendo la riqueza nuestra en favor de los ilegales.

El nuevo ministro ha hablado claramente sobre la posibilidad de que este primer plazo no pueda cumplirse a satisfacción. Creemos que ello ocurrirá, pero es suficiente este primer tramo de un total de un año en que se pueda legalizar todo lo que es extracción y tratar a la minería peruana con respeto a la ley y a los controles que debe realizar el Ministerio de Energía y Minas.