Por Jorge Turpo Rivas

Las provincias de Camaná, Condesuyos y Camaná son las más afectadas por el avance de la actividad minera informal. Cerca de 20 mil mineros artesanales siguen en la informalidad.

ACTIVIDAD ILEGAL SIN SOLUCION

La informalidad e ilegalidad en la minería artesanal todavía es un problema pendiente que las autoridades no pueden resolver. En el caso de Arequipa, sólo un 10% de mineros artesanales han logrado la formalización, según un informe de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

“Esta cifra es un reflejo de la grave informalidad que afecta a la región y limita el acceso a oportunidades de desarrollo”, destaca el informe.

Desde hace algunos años, la minería artesanal se ha vuelto una actividad económica importante en Arequipa, sobre todo en las zonas rurales que son más vulnerables. A pesar de ello, sólo uno de cada diez mineros artesanales está formalizado.

Es decir, en Arequipa, sólo 3 mil 800 mineros artesanales están formalizados mientras que unos 20 mil operan en la informalidad.

El informe de REDES advierte que la falta de formalización mantiene a miles de trabajadores en condiciones precarias, sin acceso a seguridad laboral ni derechos básicos, lo que pone en peligro su bienestar y amenaza la sostenibilidad de la actividad.

A eso se suma el hecho de que la minería artesanal informal opera en entornos de alto riesgo, causando daños al ambiente. Y como operan en la informalidad no acceden a financiamiento para adoptar tecnología eficiente y sostenible.

Un problema anexo es el incremento de la delincuencia y la prostitución en las zonas de operaciones. Hace una semana se conoció que en la zona de Secocha, en Camaná, los mineros artesanales decidieron expulsar a todos los ciudadanos extranjeros acusándolos de fomentar la inseguridad y violencia en la zona.

REINFO

En el 2016 se creó el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) con el objetivo de regularizar la minería artesanal, pero su impacto en la realidad de esta actividad ha sido bastante limitado.

“En lugar de formalizar, ha dado lugar a un aumento de la minería informal e ilegal, permitiendo que los mineros sigan operando fuera de las normativas, utilizando explosivos y trasladando mineral sin origen comprobado”, señala el informe de REDES.

Agrega que, en Arequipa, más de 2 mil expedientes han sido observados o impugnados, retrasando aún más el proceso. Mientras que la Gerencia Regional de Energía y Minas está sobrecargada, lo que alarga aún más la espera.

El proceso de formalización, destaca el informe, está lleno de obstáculos como barreras burocráticas, trámites administrativos complejos y falta de incentivos.

Según cifras oficiales de la Gerencia Regional de Energía y Minas, Arequipa cuenta con 16 mil 255 REINFOs, de los cuales sólo 3 mil 852 están vigentes (formalizados) y 12 mil 403 están en calidad de suspendidos.

A ello hay que sumarle el número de mineros informales de Caravelí (6893), Condesuyos (3326) y Camaná (3107).
Son más de 20 mil que todavía no se formalizan. La Gerencia Regional de Energía y Minas, en los últimos meses sólo pudo formalizar a 220 mineros artesanales, una cifra insignificante en comparación al total de requerimientos.

Dicha gerencia, terminó el 2024 con graves acusaciones de corrupción. De hecho, se separó a diez trabajadores acusados de cobrar coimas para interceder por los mineros en el proceso de formalización.

El gerente regional de Energía y Minas, Iván Prado Barreto, se mantiene en el cargo a pesar de que todos esos hechos ocurrieron en su gestión.

“La situación es compleja y exige medidas urgentes. Para avanzar hacia una minería más sostenible y formal, es necesario simplificar los trámites administrativos, ofrecer mejor capacitación técnica a los mineros, fortalecer la fiscalización ambiental y ampliar el acceso a financiamiento”, concluye el informe de REDES.

Solo del 4 al 11 de enero, las fuerzas del orden, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), realizaron siete operativos de interdicción exitosos en las regiones de Madre de Dios, Ayacucho, La Libertad y Lima, en los que se incautó y destruyó maquinarias y bienes usados en dicha actividad ilícita, valorizados en 10 784 990 soles en total.