Pena de muerte en Perú: 97% de arequipeños a favor

Por Germán Yuca Ch. Foto: Jorge Esquivel Z./Diario El Pueblo
El ministro de Justicia, Eduardo Arana Ysa, arribó a Arequipa para participar en el tercer debate regional descentralizado sobre la aplicación de la pena de muerte en el Perú. Tras tres horas de discusión, alrededor de 80 ciudadanos arequipeños votaron, con el 93% a favor de aplicar esta medida ante casos de violación sexual y apenas el 7% estuvo en contra. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) informaron que planean visitar más de 20 regiones del país antes de definir una postura estatal.
VISITÓ A AREQUIPA
«El Ejecutivo no tiene una posición a favor ni en contra de la pena de muerte. Tampoco estamos considerando medidas jurídicas que comprometan la sostenibilidad del Estado peruano respecto al sistema interamericano. Es fundamental escuchar a la ciudadanía, incluidos gremios, colegios profesionales y organizaciones de base. (…) Parece populismo, pero no lo es. Si lo fuera, ya habríamos tomado una bandera y convocado a la población a seguirla», declaró el titular del Minjusdh, Eduardo Arana Ysa.
Durante el foro, el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, John Mesías Romero; la fiscal de la Fiscalía Superior Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Yajaira Huamán; junto a representantes de la Defensoría del Pueblo, el Arzobispado, la Municipalidad Provincial y el Gobierno Regional de Arequipa, expresaron su rechazo a la pena de muerte. Argumentaron que esta medida es inviable en el Perú debido al Pacto de San José, firmado en 1977 y ratificado en 1978, que prohíbe su aplicación.
El primer debate se realizó en La Libertad (Trujillo), el segundo en Huaura (Lima) y el tercero en Arequipa. Aunque en los tres eventos anteriores prevaleció el voto a favor de la pena de muerte, se planea visitar más regiones para elaborar un diagnóstico de la opinión ciudadana. Arana Ysa afirmó que se emitirá un comunicado tras recoger el sentir de los peruanos, aunque algunos críticos han calificado la iniciativa como «populismo punitivo» impulsado desde el Gobierno central. En respuesta, el ministro subrayó que la propuesta no tiene fines políticos y es promovida a nivel estatal.