Por Jorge Turpo Rivas

El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, considera que la población debe decidir si le renueva o no la confianza a los alcaldes y gobernadores.

ANÁLISIS DE LA COYUNTURA NACIONAL

El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, analiza en la siguiente entrevista algunos aspectos puntuales de la reelección de autoridades, el problema de una real descentralización en el país y comparte su posición sobre la pena de muerte.

Blume, quien estuvo en Arequipa en la juramentación del nuevo rector de la Universidad Católica de Santa María, Jorge Cáceres Arce, destaca también la plena vigencia de la Constitución de 1993.

Alianza Para el Progreso retiró el proyecto de ley que buscaba permitir la reelección de gobernadores y alcaldes ¿Cuál es su opinión sobre la conveniencia o no de la reelección?

-Mire, yo soy de la opinión que debe admitirse la reelección en todos los cargos de elección popular, salvo en el caso del presidente de la República en cuyo caso se debe hacer una reforma que permita la reelección solo por un periodo del presidente y después nunca más.

¿Cómo en el sistema norteamericano?

-Claro. En el sistema norteamericano usted tiene que quien postula a la presidencia tiene el derecho de volver a postular de inmediato y después nunca más. Creo que eso cierra un capítulo y hace que quien ejerza la presidencia se preocupe de ser un buen presidente para ser reelegido y luego en su segundo periodo un buen presidente para pasar a la historia.

En el Perú se prohíbe la reelección inmediata, pero puede volver en cualquier momento después de pasar un periodo.

-Sí, a mí no me parece que es el mejor de los sistemas. Yo estoy en esa línea de lo que se hace en el sistema norteamericano. Pero en los demás cargos yo creo que, si la autoridad es una buena autoridad, si cumple a cabalidad su función, es el pueblo el que tiene que calificar si lo reelige una o más veces. Hasta cierto punto, la prohibición de la reelección inmediata en el caso de alcaldes, gobernadores y más, es una restricción al derecho al sufragio que tiene todo ciudadano, a la capacidad de escoger entre varias alternativas y no debe excluirse la alternativa de una reelección si la autoridad califica.

Debería quedar en manos de la ciudadanía si se reelige o no.

-Sí, hay que confiar en el buen juicio del pueblo, en la evaluación que la ciudadanía hace de cada candidato. Antes de que se prohibiera la reelección hubo varios casos, sobre todo, de alcaldes que repitieron varias veces porque eran buenos alcaldes y de congresistas que repitieron varias veces porque eran buenos congresistas.

Es evidente que la descentralización no resultó como se esperaba ¿Considera que la reforma del capítulo de la Constitución dedicado a la descentralización ayudaría a mejorar el proceso?

-Mire, yo creo que todo es perfectible, pero en líneas generales el tratamiento de la descentralización en la Constitución y en las correspondientes leyes orgánicas de municipalidades, de regiones y en la ley de base de la descentralización, en líneas generales, está bien. Es más, el Tribunal Constitucional estableció pautas interpretativas que complementan el modelo, que es un modelo de estado unitario, representativo y descentralizado. Para mí el problema de la descentralización es elegir a buenos alcaldes, gobernadores, regidores y consejeros regionales. Es un tema humano más que normativo. El pueblo tiene que afinar su atención para escoger a los mejores. Porque por más que tenga usted un sistema perfecto, si las personas que ejercen el cargo no son honestas, no son probas, no son idóneas, el sistema no es que fracase, lo que va a fracasar es la gestión de quien no da la talla para el cargo.

Pero seguimos teniendo un país centralizado.

-Ahí hay un problema, yo creo que deben afinarse los mecanismos para confiar más en la autoridad regional y local. Ceder un poco en ese paternalismo que existe en la concepción de un gobierno nacional que controla hasta los cheques que pueden girarse y requieren autorización de Banco de la Nación, cuando la Constitución dice que los gobiernos regionales y locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

En otro tema, en medio de la crisis de inseguridad algunos congresistas indican que impulsarán la figura penal del “terrorismo urbano” ¿Cuál es su análisis?

-Al respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido ya la definición de terrorismo. Es una actividad organizada por un grupo político que aspira al poder mediante métodos vedados recurriendo al terror, recurriendo al crimen, al asesinato, al asalto, al daño de las de los bienes públicos y privados. O sea, el terrorismo implica una ideología, una ideología nefasta que pretende acabar con el sistema. Es una ideología antisistema. Yo no veo que en las acciones de los grupos de extorsionadores haya un móvil de esa naturaleza, por lo tanto, creo que no calza con la definición del terrorismo esta figura del terrorismo urbano.

¿Cuál es su posición sobre la pena de muerte de la que algunos congresistas también hablan e impulsan?

-Yo no creo en la pena de muerte porque creo que si la filosofía de la Constitución es una filosofía humanista y estamos insertos en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado internacional de defensa de los derechos, en donde se proscribe la pena de muerte y se recomienda a los estados, si aún la admiten, eliminarla. Yo no pienso que no es una medida adecuada porque siempre existe la posibilidad del error judicial y podemos estar condenando a inocentes. Entonces, yo creo que hay que actuar con mucho cuidado en ese sentido y me parece que la pena de muerte no debería existir.

¿Cuál es el horizonte de la actual Constitución, todavía se proyecta en el tiempo?

-Yo creo que sí, porque esta Constitución tiene algo muy positivo, que es un régimen económico que también se denomina Constitución económica o también sistema económico constitucionalizado, promotor de la inversión privada y garantiza esa inversión. Además, protege los contratos y prohíbe que el Estado se meta a hacer actividad empresarial. Esa Constitución económica ha permitido el importante desarrollo producido en el país desde fines de la década del 90 hasta la actualidad y que nosotros seamos vistos en el plano macroeconómico como un país modélico por nuestros vecinos y por otros más que, a pesar de los conflictos coyunturales políticos, hace que la economía se mantenga bien. Entonces creo que esas son bondades de esta Constitución que nunca debemos dejar de reconocer.