Por Claudia Benavides, investigadora principal de Videnza Consultores

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Promover el desarrollo económico en los territorios implica asegurar condiciones que fomenten la competitividad y contribuyan a la generación de empleos formales y dignos, brindando oportunidades equitativas para todos. Lamentablemente, el 2024 no ha sido un año con resultados positivos para el Perú en estos términos. Según el Índice de Competitividad Global, el país ocupa el puesto 63 de una lista de 67 naciones, ubicándose detrás de países como Chile y Colombia. Esta posición evidencia la necesidad de redoblar esfuerzos en los cuatro pilares que conforman dicho índice: Rendimiento Económico, Eficiencia Gubernamental, Eficiencia Empresarial e Infraestructura. Cabe señalar que los países con mejor desempeño son aquellos que han demostrado eficiencia en sus políticas económicas y estabilidad política.

En esta línea vale reflexionar en torno a las condiciones que contribuyen a mejorar la competitividad en Arequipa. Un dato relevante es el acceso de los hogares a servicios de saneamiento, agua, electrificación celular e internet, el mismo que alcanza al 56.9% de estos, que si bien es cierto implica un nivel superior al alcanzado a nivel nacional (47.3%), este resultado es menor que lo estimado en el 2023 (58.3%). Por ello, se requiere una hoja de ruta que garantice un acceso más amplio y sostenido a este paquete integrado de servicios.

Otro aspecto para analizar es el crecimiento económico sostenido, fundamental para reducir las brechas planteadas y mejorar las condiciones de empleabilidad y empleo. Sin embargo, en términos del PBI, Arequipa presentó caídas del -1.7% y -1.9% en los dos primeros trimestres de 2024, respectivamente. Aunque en el tercer trimestre se observó una leve recuperación del 1.7%, esta sigue siendo insuficiente, especialmente en un contexto donde la informalidad laboral alcanza el 69%. Asimismo, se tiene que tomar en cuenta que la percepción de inseguridad ciudadana es alta, alcanzando niveles del 90% de los arequipeños, lo que afecta negativamente a la inversión lo que puede implicar mayores costos al tener que invertir más en seguridad, disminuyendo la productividad. Además, según datos del INEI, el 36.4% de la población de Arequipa declaró haber sido víctima de algún hecho delictivo durante el primer semestre de 2024. Esta situación actúa como un factor disuasivo para la inversión, especialmente para los pequeños emprendedores, quienes necesitan seguridad para garantizar la sostenibilidad y crecimiento de sus negocios.

Así, se requiere de medidas tanto de corto y largo plazo para mejorar las condiciones del entorno, y plantearse metas que apuntan a un desarrollo sostenible. Es decir, no solo basta con incrementar la presencia policial o mejorar la iluminación pública como medidas eficientes de corto plazo, sino que es fundamental apostar por una mayor inversión en educación, fortalecer el sistema de justicia y mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, garantizando así un entorno más competitivo y próspero para todos.