La política al servicio de los negocios particulares es un problema grave que afecta la calidad de la democracia y genera desigualdad y corrupción. Combatir esta situación requiere un esfuerzo conjunto de autoridades, instituciones y ciudadanía para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Esta situación describe lo que estamos viviendo hoy, con el Gobierno de Dina Boluarte, en la que el poder político y las decisiones gubernamentales se utilizan para beneficiar a intereses empresariales específicos en lugar de servir al interés público general.  Un claro ejemplo es la destrucción del Legado2019, promovida por Federico Tong, para eliminar el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. El legado es una institución pública peruana adscrita a la PCM (Presidencia del Consejo de ministros) ¿Qué intereses habrá detrás? ¿Aumentar más los bolsillos de los funcionarios públicos? 

Durante el Gobierno de la Sra. Boluarte, cada vez es más frecuente observar cómo la política se utiliza para favorecer intereses particulares en lugar de buscar el bien común. Esta práctica, que se manifiesta en la connivencia entre políticos y empresarios, la creación de leyes a medida y el uso de información privilegiada, socava los cimientos de nuestra democracia y obstaculiza el desarrollo social y económico.

Comisión Especial Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027

Algunos ejemplos comunes de cómo la política puede ponerse al servicio de los negocios es a través de la creación de leyes, decretos supremos y regulaciones que benefician a empresas específicas en detrimento del interés público. Federico Tong empezó su intervención en el Congreso el 17 de febrero, nombrando el decreto supremo N° 020-2025-PCM que él mismo propuso y lo autoriza para aprobar la extinción del Proyecto Especial Legado. En una presentación Power Point empezó su exposición.

¿Estamos en un estado constitucional de Derecho? ¿O en un Estado de los “amigos” de Dina?

Adrianzén y Quero no comparecieron ante el Congreso para explicar la disolución del proyecto especial. Tong, respaldado por el Ejecutivo, han usado de excusa que el IPD fue marginado de los Juegos Panamericanos y como “gestores” deben fortalecerlo. ¿Quién puso a Fernando Tong en la presidencia de las Olimpiadas? La respuesta es: Nicanor Boluarte.

Después de la gran gestión del señor Carlos Neuhaus, con el Legado 2019, como lo mejor que ha tenido el Perú, el IPD ha tenido 6 presidentes. Uno de ellos, según investigación fiscal, le habría otorgado a los Waykis en la Sombra – red criminal presuntamente encabezada por Nicanor. Hermano de la mandataria tomó posición del organismo. Ahora quieren unir todo, con la excusa de “fortalecer” el Elefante, Estado, y evitar duplicidad de funciones. “Reducir gastos en una sola entidad”. Señores, no hay duplicidad. El IPD lo que tiene que hacer es masificar el deporte, no ejecutar. A quien le corresponde ejecutar es a la PCM. Lo que podemos ver es que estamos frente a un Ejecutivo que pone a gente vinculada a la mandataria, para articular los negocios a favor de los intereses personales.  A pesar de las evidencias jurídicas, financieras, propiamente técnica, la transferencia de responsabilidades de Legado al IPD ya está en marcha. El Gobierno ha establecido un plazo de 30 días para que se concrete la entrega de instalaciones deportivas. Ellos argumentan que es para centralizar mejor la gestión a nivel nacional, pero es imposible que lo puedan hacer. El Estado elefante sigue engrandeciéndose para los intereses personales y, sobre todo, ilícitamente con una red criminal que no ha quedado en la sombra.

¿Desean arreglar algo que ya funciona?

Es inaceptable que una infraestructura con tan buenos resultados sea absorbida por una entidad incompetente. En el fondo, es la típica maniobra socialista, destruir para querer arreglar, cuando la verdad lo que se quiere es robar. Porque el presupuesto del legado es para mantenimiento del legado, en para bien de los deportistas. Ahora quieren destinar este dinero para la entidad de IPD y controlar todo el dinero desde esta Institución. Es decir, la entidad que estuvo mal administrada es ahora dueño de todo. ¿Por qué? Porque sin duda, hay intereses personales.  Cuando las decisiones políticas se basan en intereses particulares en lugar de criterios técnicos y económicos, se puede generar ineficiencia y despilfarro de recursos públicos.

Un problema estructural

La politización de los negocios no es un fenómeno nuevo, pero se ha intensificado en las últimas décadas debido a la globalización, la desregulación y la creciente influencia del poder económico en la toma de decisiones políticas. Los lobbies, las puertas giratorias y la financiación de campañas son solo algunas de las herramientas que utilizan las empresas para influir en el poder político y obtener beneficios particulares.

Consecuencias nefastas

Esta situación tiene graves consecuencias para nuestra sociedad. En primer lugar, erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la clase política, lo que debilita la democracia y fomenta la polarización. Además, genera desigualdad y distorsiona la competencia, ya que las empresas con conexiones políticas obtienen ventajas injustas sobre sus competidores. Asimismo, la politización de los negocios puede llevar a la adopción de políticas públicas ineficientes o incluso perjudiciales para el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, se pueden aprobar leyes que favorezcan a un sector empresarial específico en detrimento de otros, o se pueden destinar fondos públicos a proyectos innecesarios o ruinosos.

¿Cómo combatir esta situación?

Para combatir esta situación, es necesario un esfuerzo conjunto de ciudadanos, políticos y empresarios. En primer lugar, es fundamental fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, así como regular de forma efectiva las actividades de lobbying y las puertas giratorias. También es necesario promover una cultura de integridad y ética en la política y en los negocios, y fomentar la participación ciudadana y el control social. Los ciudadanos deben estar informados y movilizados para exigir a sus representantes que defiendan el interés público por encima de los intereses particulares.  Te invito a reflexionar sobre este tema y a tomar medidas para promover un cambio positivo en nuestra sociedad. Infórmate, participa, denuncia la corrupción y exige a tus representantes que trabajen por el bien común. Juntos podemos construir un futuro mejor para todos.