Por: David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad

PERÚ COMPETITIVIDAD

El Ministerio de Economía y Finanzas ha lanzado su proyección de crecimiento para el 2025: 4.0%. A simple vista, parece una cifra alentadora, un respiro después de los sobresaltos de los últimos años. Tras un -0.4% en 2023, el 2024 ha sido el año de la moderada recuperación, con un 3.3%, y el MEF ahora nos invita a mirar el futuro con renovado optimismo. Pero ¿es realmente alcanzable ese número? Basta con mirar dentro y fuera de nuestras fronteras para darnos cuenta de que el camino hacia ese 4% está lleno de obstáculos.

El contexto internacional tiene a favor el viento del precio de los commodities, pero enfrentará corrientes en contra que dificultarán el viaje. El FMI proyecta un crecimiento mundial del 3.3% en 2025, una cifra estable, pero sin señales de un impulso significativo. Estados Unidos, que ha sorprendido por su resiliencia económica, apunta a desacelerarse al 2.7%, mientras China, cuyo motor ya no ruge como antes, sigue perdiendo fuerza con una previsión de 4.6%. América Latina apenas bordeará el 2.1%, dejando poco espacio para que nuestras exportaciones mineras se beneficien de una demanda externa vigorosa.

Y, si las cosas no fueran ya lo suficientemente complicadas, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca añade una dosis de incertidumbre adicional. Su historial proteccionista no ha tardado en activarse con riesgos potenciales sobre el comercio internacional y los mercados financieros trayendo un dólar fortalecido y la postergación de los recortes de tasas de la Reserva Federal, lo que endurece las condiciones financieras para economías emergentes como la nuestra y encarece el crédito para la inversión.

Pero el problema no solo viene del exterior. En casa, la inversión privada, aunque con signos de vida tras años de caída, todavía no recupera su dinamismo. En 2024 creció un modesto 2.6%, pero la cercanía de las elecciones de 2026 genera incertidumbre y desincentiva decisiones de largo plazo. Con un déficit fiscal del 3.7% del PBI a enero de este año, el más alto en más de tres décadas fuera de la pandemia, y la urgencia por converger al 2,2% este año, la capacidad del Estado para seguir expandiendo el gasto público sin comprometer la estabilidad macroeconómica está llegando a su límite.

El consumo privado, también enfrenta retos para tener crecimientos más vigorosos: la tasa de pobreza monetaria seguirá estando por encima de 2019; el PBI per cápita real recién ha rozado los niveles pre-pandemia; y las mejoras del empleo son todavía tenues. Y como si fuera poco, el deterioro de la seguridad pública sigue afectando el clima de negocios y la inversión en sectores clave. Según el BID, el costo del crimen y la violencia en el Perú equivale hasta 3.6% del PBI, una cifra que truena ensordecedoramente.

En este escenario, el MEF ha anunciado medidas para darle un mayor impulso a la inversión, acelerando la adjudicación y ejecución de proyectos de infraestructura. Además, ha prometido mejorar el clima de negocios a través del llamado “shock desregulador”, con la intención de reducir trabas burocráticas y facilitar la inversión privada. No hay duda de que estas iniciativas pueden aportar dinamismo a la economía, pero la gran incógnita es si sus efectos positivos podrán verse este mismo año o si, como tantas veces ha ocurrido, se quedarán atrapados en la maraña de la burocracia y la lenta ejecución estatal.

El 4.0% proyectado por el MEF no es imposible, pero sí luce muy optimista. Apostar por una cifra de este calibre implica asumir que la inversión privada tomará velocidad, que el consumo se fortalecerá y que la inversión pública seguirá empujando la economía sin desbordar las cuentas fiscales. Pero con un entorno global complicado, una economía que aún arrastra cicatrices y la incertidumbre política que empieza a abrirse paso conforme se acercan las elecciones, se necesita más que optimismo para convertir esta proyección en realidad.