PARA FAVORECER A POLICÍA SENTENCIADO

Según el fiscal Luis Ballón, Santiváñez, como abogado del sentenciado Miguel Marcelo Salirrosas, Santiváñez habría solicitado 20 000 dólares para lograr un fallo a su favor ante el TC. Ya como ministro, habría intercedido ante el Inpe y el ministro de Justicia para variar su situación carcelaria.

Ayer, continuó la audiencia donde se evaluó el pedido de impedimento de salida del país presentado por el Ministerio Público contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el marco de las diligencias que se le siguen por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado. 

En esta jornada, Juan Carlos Checkley, juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, escuchó la presentación de parte de los nuevos elementos de convicción presentados por la Fiscalía para sustentar la referida solicitud coactiva, por un plazo de 18 meses. 

En esa línea, el fiscal adjunto supremo Luis Ballón dio cuenta de una serie de archivos de audio, WhatsApp y testimonios de testigos protegidos que revelarían la presunta influencia ilícita que Santiváñez Antúnez habría ejercido ante el Tribunal Constitucional (TC), como abogado de Miguel Joel Marcelo Salirrosas, alias ‘Tío Jhony’, un expolicía sentenciado por los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación, tras ser acusado de ser parte de la organización criminal “Los K y K”, que operaba en región de La Libertad. 

Además, siempre según el Ministerio Público, Juan José Santiváñez, ya como ministro de Interior, habría influenciado a favor de Marcelo Salirrosas ante el Inpe y el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

«El Ministerio Público ha podido obtener más de mil mensajes de WhatsApp, 77 archivos de audio, 34 imágenes y archivos de PDF, que intercambió el investigado desde su celular […] con una tercera persona vinculada al interno Marcelo Salirrosas, lo que, de modo evidente, palmario y claro revela las reiteradas invocaciones de influencia que realizó el investigado con la finalidad, en un primer momento, de que se le entregue la suma de 20 000 dólares; luego, en un segundo momento, con la finalidad de evitar la devolución de dicho dinero, manteniendo esperanzas en su interlocutor respecto a la efectividad de sus influencias, beneficiándose económicamente durante todo ese tiempo”, sostuvo Ballón.

TENEMOS APOYO

Según lo manifestado por el representante del Ministerio Público, Marcelo Salirrosas -tras haber sido sentenciado en 2020 a más de 27 años de cárcel y luego de confirmarse dicho fallo en instancias superiores- buscó el patrocinio del entonces abogado Juan José Santiváñez, «a quien le habían recomendado por tener casos exitosos de policías sentenciados”.

Ya como su defensa legal, Santiváñez presentó, en mayo de 2022, «una demanda de habeas corpus, la cual fue rechazada en primera y segunda instancia en el Poder Judicial, por lo que recurrió al TC mediante un recurso de agravio constitucional, presentado el 22 de agosto de 2022”.

El fiscal indicó que, a la par, Juan José Santiváñez asumió la defensa de Éber Juárez Moya, otro efectivo policial sentenciado por el mismo caso. Al igual que con Marcelo Salirrosas, «acudió a la vía constitucional mediante un proceso de habeas corpus, la misma que fue declarada infundada en primera y segunda instancia en el Poder Judicial».

No obstante, según el fiscal, «el recurso de agravio constitucional interpuesto ante el TC, en ese caso, sí tuvo éxito, pues fue declarado fundado el 16 de noviembre de 2023, por lo que se declaró nula la sentencia en su contra». Un hecho que destacó Ballón fue que la sentencia del caso de Juárez Moya, en el que fue ponente el tribuno Gutiérrez Ticse, se publicó en la página web del TC el 7 de mayo de 2024.  

Casi 4 meses antes, el 5 de enero, Santiváñez habría tenido una conversación con una persona cercana a Marcelo Salirrosas en la que le dijo que «no querían soltar» el fallo a favor de Juárez, «porque quieren definir esto». ¿A qué se refería? Según el fiscal, el ahora ministro del Interior había pedido a su interlocutor 20 000 soles y 20 000 dólares a cambio de una resolución favorable en el TC para Miguel Marcelo Salirrosas. 

«El 8 de enero de 2024, Santiváñez le escribió un mensaje de WhatsApp a la señora indicándole que el monto de sus honorarios era de 20 000 soles, pero además le pidió 20 000 dólares por concepto de asesores internos», señaló Ballón, citando al testigo protegido 02-2025. 

«El testigo ha referido que Santiváñez menciona que es para honorarios de asesores externos, pero en realidad era para que declaren fundado el recurso de Marcelo Salirrosas en el TC. Sin embargo, el monto de 20 000 dólares no tiene nada que ver con sus honorarios, sino que era lo que él pidió para asegurar el caso ante el TC, para que se pueda contactar con los magistrados que iban a resolver su caso», agregó el fiscal.

Los días siguientes, Santiváñez habría insistido con el depósito de los 20 000 dólares, indicándole a su interlocutor que «ya se están trabajando los documentos» y que tenía «esperando a los amigos» para fijar la fecha de la audiencia donde se vería el caso. 

«Finalmente, entre el 18 y 19 de enero del año pasado, se realizan los depósitos por el monto de 20 000 dólares. Un primer depósito de 10 000 dólares, un segundo depósito de 9 700 dólares y un saldo restando de 300 dólares», indicó el fiscal.

Tras recibir el segundo pago, el ahora ministro del Interior habría enviado un mensaje señalando: «Perfecto, entonces voy a informar para avanzar de una vez». Horas después, en otro mensaje, habría dicho: «Ya lo pusieron en la lista para que le den fecha la próxima semana, no se preocupe, me acaban de confirmar».

El 25 de enero, Santiváñez habría confirmado a su interlocutor que «las audiencias están programadas para el 7, 14 y 21 de febrero», y que «igual va para la audiencia con el mg. GGT«.

“Nótese, señor juez, que el 25 de enero, Santiváñez señala 3 fechas probables de la audiencia, 7, 14 y 21 de febrero. En esas fechas, todavía no había nada formalmente nada publicado de cuándo deberían realizarse esas audiencias”, sostuvo el fiscal. 

Para mayor seguridad, al día siguiente, Santiváñez habría recibido en su oficina de Lima a su interlocutor. En la reunión «les dijo que no se preocuparan porque todo ya estaba hablado para que se adelante la audiencia y que los resultados iban a salir favorables y que confiaran en él. Incluso les manifestó que para marzo Marcelo Salirrosas ya iba a estar afuera».

El 31 de enero, «antes de su publicación oficial», Santiváñez habría informado a su interlocutor que la audiencia se programó para el 7 de febrero de 2024 y le avisó que él no estaría presente en la audiencia como abogado defensor, sino Ronny Santillán «que trabaja conmigo». «La dará él, porque es amigo del juez constitucional que nos ha tocado”. El ponente era el magistrado Helder Domínguez Haro. 

No obstante, según el fiscal Ballón, las cosas en la audiencia no resultaron favorables al presunto interés de Santiváñez Antúnez.

«La resolución se publicó recién el 7 de marzo de 2024 […], sin embargo, días antes, el 26 de febrero de 2024, Santiváñez informa a su interlocutor: ‘Buenos días, le comento señora que el ponente de nuestra causa no quiere cambiar su voto y está votando en contra nuestra, a pesar de la fundamentación del caso. Nos acaban de pasar la voz, así que vamos a tener que presentar un recurso de aclaración apenas publiquen la sentencia, porque, a pesar de todo, el ponente no quiere. En este pedido de aclaración de sentencia, van a moverse para cambiar el sentido de la resolución a nuestro favor, pero el primer documento que va a salir no nos va a dar la razón. Me lo acaban de comunicar, aún no sale nada, pero ya me están avisando porque yo tengo todo mapeado», indicó el fiscal. 

“Yo he conversado al respecto del tema, pero es el ponente quien no quiere porque dice que él tiene responsabilidad. Aún no han firmado nada, por eso es que no hay nada en la web, pero ya nos han dicho que no quiere. A nosotros nos están informando y ayudando profesionalmente, pero finalmente no quiere el ponente […]. Por eso, me están pidiendo que prepare el pedido de aclaración para que entre otra vez a sala y sea reevaluado. Esa es la salida que me están dando ahorita”, habría señalado Santiváñez.