Al menos seis personas estuvieron involucradas en la planificación y ejecución del crimen de la extrabajadora parlamentaria Andrea Vidal, cuya muerte destapó una presunta red de prostitución que operaba dentro del Congreso, según datos de la Policía Nacional (PNP).

Durante los días que la abogada permaneció en agonía en el Hospital 2 de Mayo, acudieron a visitarla Isabel Cajo y Alexandra Gil, compañeras de trabajo; su novio, Rodrigo Falcón, y el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, Jorge Torres Saravia, principal involucrado en la supuesta red.

De acuerdo con la información recabada hasta el momento por los investigadores, el ataque de fines de diciembre pasado fue perpetrado por sicarios que usaron el mismo tipo de balas en otros crímenes ocurridos entre 2023 y 2024. Los hechos de violencia fueron registrados en Comas, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador.

La pesquisa a cargo de la fiscal Claudia Montero Soto ha permitido confirmar que la abogada se dedicaba a brindar servicios sexuales y que frecuentaba hoteles y alojamientos de modalidad Airbnb en distritos como San Isidro, Lince y La Victoria, donde llevaba a cabo sus encuentros. Los videos de cámaras de seguridad y los testimonios de clientes han ayudado a confirmar que Vidal estaba involucrada en esta actividad fuera de su trabajo como abogada en el Congreso.

Siempre según datos citados por el diario, varios de los encuentros sucedieron en horarios en los que debía estar trabajando en Palacio Legislativo. Pese a estos hallazgos, el congresista Carlos Zeballos, integrante de la Comisión de Fiscalización, comentó a Perú21 que aún no se han encontrado pruebas que vinculen directamente a los miembros del Congreso con la actividad de prostitución.

No obstante, destacó que algunas personas habrían ingresado al Congreso con documentos falsos, lo que evidencia irregularidades en los procesos de contratación. “El oficial mayor dijo que no recuerda quién le dio las hojas de vida de estas personas. Es una incógnita cómo llegaron al Congreso”, comentó.

Estimó que el informe final sobre el caso debería presentarse antes de la semana de representación, que inicia el 24 de marzo, para someterse a votación. “Ante la negativa de declarar de los últimos invitados, se han cerrado las citaciones, según dijo el presidente Juan Burgos, y ya se está elaborando el documento con las conclusiones”, expresó.