Por Tomás Reto del Consejo Privado de Competitividad.

PERÚ COMPETITIVIDAD

Hoy se dio inicio al año escolar en los colegios públicos a nivel nacional. Miles de estudiantes volvieron a las clases en todas las regiones del país, lo cual requería que las autoridades de nuestro país hayan previsto todas las condiciones mínimas para que el regreso a clases sea un éxito. Esto incluye, entre otros, tener a todos los docentes contratados y preparados, los materiales educativos distribuidos, y ciertamente, las condiciones de infraestructura óptimas en los locales escolares.

No obstante, no es sorpresa que las condiciones de los locales escolares no sean las óptimas en nuestro país. El porcentaje de locales públicos escolares que tienen los tres servicios básicos (electricidad, agua potable y desagüe) tuvo una caída de 30,8 % en 2019 a 29,4 % en 2023, a pesar de que en todo ese periodo se invirtió S/ 22,5 mil millones en proyectos de infraestructura educativa. Además, al 2023 solo el 29,9 % de locales escolares tenía todas sus aulas en buen estado (es decir, que no requerían mantenimiento, sustitución o reparación, ya sea parcial o total).

Estos números demuestran que, a pesar de que el Estado ha hecho una inversión superior a los S/ 20 mil millones entre 2019 y 2023, aproximadamente dos de cada tres locales escolares públicos no tienen los tres servicios básicos y tienen al menos un aula que no está en buen estado.

Entender esta aparente contradicción implica analizar cómo funciona el sistema de inversión pública en nuestro país. Así, en el Perú cuando se financia un proyecto de inversión, por lo general, solo se aseguran los recursos presupuestales hasta finalizar las obras de infraestructura y brindar el equipamiento requerido, pero la operación y mantenimiento (O&M) no está incluida en el costo del proyecto. Así, el dinero requerido para pagar los recibos de los servicios básicos, realizar reparaciones menores en aulas o servicios higiénicos, entre otros, debe ser cubierto por la asignación presupuestal que tienen tanto el Ministerio de Educación (Minedu) como los Gobiernos Regionales (GR), la cual no necesariamente es suficiente para brindar atención a todos los locales escolares.

Desde el Consejo Privado de Competitividad (CPC) hemos analizado el funcionamiento del gasto en O&M de locales escolares en los últimos años. Entre 2018 y 2024, se han gastado S/ 5 774 millones en este concepto (80 % a través del Gobierno nacional y 20 % a través de los GR). En el caso del Gobierno nacional, a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) se financia el mantenimiento de locales escolares priorizados por el Minedu cada año. Para tal fin, se depositan subvenciones directamente a los directores de escuelas para que estos puedan ejecutar el gasto en mantenimiento. Además, el Minedu también centraliza el pago del concepto de Internet de las escuelas a nivel nacional, entre otros. Los GR, por su parte, también destinan partidas para la O&M de locales escolares.

Al calcular cuál es el gasto en O&M por local escolar, se observa que, en 2018, para atender a 52 914 locales escolares públicos de Educación Básica Regular, se gastó S/ 860,2 millones (S/16 257 por local). Mientras tanto, en 2024 para atender a 53 434 locales escolares se gastó S/ 664,3 millones (S/ 12 432 por local). Es decir, a pesar de que el número de locales escolares aumentó en dicho periodo, el gasto (por local escolar y acumulado) se redujo.

Esta situación es aún más compleja cuando el gasto no se realiza a tiempo. Tal como se mencionó previamente, el Pronied otorga una partida de recursos para el acondicionamiento y mantenimiento de locales escolares directamente a las escuelas (a través de los directores). Al 13 de marzo del presente año, se han programado S/ 293 millones para este concepto para más de 50 000 locales escolares a nivel nacional, pero solo se habían retirado S/ 11,5 millones, menos del 4 % del total de recursos. Los resultados de este programa de mantenimiento al cierre de 2023 y 2024 demuestran que más del 90 % de los recursos llegan a ser retirados, pero no de manera oportuna para el inicio de clases.
Resulta grave en un país como el nuestro que se inviertan tantos recursos en infraestructura educativa y que, por falta de mantenimiento, esta se termine deteriorando, afectando directamente a los estudiantes. Por ello, desde el CPC reafirmamos que resulta fundamental que el Estado empiece a migrar hacia modalidades de inversión que aseguren la O&M de la infraestructura que se construya. Así, por ejemplo, las Asociaciones Público Privadas (APP) permiten no solo encargar la construcción de la obra a un concesionario especializado, sino también la operación y mantenimiento por el periodo de concesión, tal y como se realizará con los Colegios de Alto Rendimiento en las regiones Pasco, Huancavelica y Cusco (COAR Centro). Finalmente, otra alternativa es la modalidad de obras por impuestos, que permite también encargar la O&M de los proyectos que se financien.