Emiten informe que recomienda cerrar el proceso por improcedencia.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso está a un paso de archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, en el marco del caso Rolex, al recibir el informe final elaborado por la legisladora fujimorista Nilza Chacón.

Este documento descarta cualquier posibilidad de investigación durante el mandato presidencial y recomienda cerrar el proceso por improcedencia.

Chacón remitió el informe a la presidenta de la Subcomisión, María Acuña, con el objetivo de que el grupo parlamentario lo evalúe y someta a votación. El informe sostiene que la acusación por presunto cohecho pasivo impropio —por la recepción de relojes Rolex, joyas y regalos del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima— no encaja en los supuestos contemplados por el artículo 117 de la Constitución, que limita las causas de acusación contra un presidente en funciones.

“Analizados los hechos y el marco legal vigente, es constitucionalmente correcto y, además, obligatorio desde una perspectiva de control de legalidad, que esta Subcomisión declare la no procedencia de la acusación en evaluación”, escribió Chacón en el documento.

Según su argumento, solo una interpretación ceñida al artículo 117 puede “garantizar el equilibrio de competencias entre los poderes del Estado”.

No obstante, la congresista no incluyó las pruebas recabadas por el Ministerio Público, ni consideró la posibilidad de plantear el levantamiento del antejuicio una vez que Boluarte concluya su mandato.

Este enfoque causó cuestionamientos, ya que el informe de calificación anterior sí había determinado la procedencia de la denuncia.

En caso de que la Subcomisión rechace el informe final de Chacón, el procedimiento legislativo obliga a nombrar a un nuevo congresista delegado, quien deberá elaborar un informe alternativo.

Paralelamente, el documento de Chacón también apunta contra el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, al recomendar que el Congreso evalúe una posible infracción constitucional por haber presentado la denuncia contra Boluarte, a pesar de las limitaciones establecidas por la Carta Magna.

“El Congreso de la República podría evaluar si la Fiscalía de la Nación incurrió en infracción constitucional, por haber utilizado indebidamente su función para promover el procedimiento de una acusación constitucional expresamente prohibida, con eventuales fines políticos”, señala el informe.