PERÚ COMPETITIVIDAD

El Gobierno anunció el lunes pasado una ambiciosa cartera de 31 proyectos de agua y saneamiento que serán ejecutados bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), con una inversión estimada de 5 500 millones de dólares. Estos proyectos se desarrollarán en 15 regiones del país y, según el cronograma mencionado por las autoridades, las adjudicaciones se realizarían entre 2025 y 2026, con miras a la ejecución de los proyectos hasta el año 2030.

Este anuncio marca un punto de inflexión en la forma de impulsar inversiones en el sector. Entre 2008 y 2024, solo se habían adjudicado cinco proyectos APP en materia de agua y saneamiento, con un monto total de 852 millones de dólares. Cuatro de estos beneficiaron exclusivamente a Lima, y solo uno —el sistema de tratamiento de aguas residuales de la cuenca del Lago Titicaca, en Puno— se ejecutaría fuera de la capital. Sin embargo, este último fue declarado en terminación anticipada en 2023.

El nuevo paquete de proyectos no solo multiplicaría por más de seis la inversión histórica en este tipo de iniciativas, sino que también descentraliza significativamente su alcance, marcando una clara apuesta por cerrar brechas de acceso en diversas regiones del país.

La inversión en agua y saneamiento a través de APP es clave para cerrar las brechas de acceso a estos servicios en el país. Entre 2019 y 2023, el Estado destinó cerca de S/ 24 mil millones a proyectos de saneamiento; sin embargo, en ese mismo período, el porcentaje de hogares ubicados en viviendas con acceso a red pública de alcantarillado se redujo de 64,5 % a 62,3 %. Este retroceso evidencia que el modelo de inversión pública (Ley de contrataciones) no ha logrado los resultados esperados, lo que hace necesario migrar hacia un enfoque basado en APP.

A diferencia de una obra pública convencional, una APP garantiza que la operación y mantenimiento (O&M) de la infraestructura se realice bajo estándares de calidad definidos desde el inicio del proyecto. En lugar de transferir la infraestructura a las empresas prestadoras de servicios (EPS) o a los municipios, como ocurre en el modelo tradicional, la APP mantiene la responsabilidad del O&M en manos del concesionario privado durante todo el plazo de la concesión. Este esquema crea incentivos claros para asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos contractualmente, bajo la posibilidad de aplicar penalidades en caso de incumplimiento.

Entre los proyectos que el Estado prevé impulsar bajo esta modalidad se encuentran: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en distintas ciudades del país, obras de cabecera para mejorar la captación de agua, plantas desalinizadoras y sistemas integrales de agua y saneamiento. En particular, las PTAR cumplen una función ambiental clave, al tratar las aguas servidas antes de su disposición final, reduciendo significativamente los niveles de contaminación. Por su parte, las plantas desalinizadoras son una alternativa estratégica en zonas costeras, ya que permiten transformar agua de mar en agua potable, aumentando así la disponibilidad del recurso para el consumo humano.

El principal desafío para el Estado será garantizar que los proyectos se ejecuten dentro de los plazos previstos. En 2024 se adjudicaron APP por un valor de USD 5 017 millones, lo que representa más de cuatro veces el monto adjudicado en 2023 y marca un récord histórico desde 2015. Sin embargo, esta cifra alentadora contrasta con la realidad de los tiempos de implementación: en promedio, el Estado —a través de ProInversión— ha requerido 58 meses (casi cinco años) para concretar la firma de los últimos 15 contratos de APP. Este plazo casi triplica el tiempo promedio registrado bajo la normativa vigente entre 2008 y 2012, que era de 20 meses. Las razones de los retrasos en los plazos son variadas, pero se pueden resumir en que diversos actores deben brindar opinión a una de APP en varios momentos del proceso (MEF, Contraloría, reguladores, ministerios, ProInversión), el cual se ha vuelto bastante engorroso, lo que ralentiza la agilidad con la que se debe adjudicar una APP.

La demora en la adjudicación y ejecución de proyectos de APP no solo resta eficiencia al modelo, sino que también genera pérdidas significativas en términos de bienestar social, al postergar el acceso a servicios esenciales para miles de familias. Por ello, si el país apuesta decididamente por las APP como vehículo para cerrar las brechas en agua y saneamiento, el Estado debe asumir un rol más ágil y articulado. Es crucial establecer mecanismos institucionales y normativos que permitan acelerar los procesos de adjudicación, reducir cuellos de botella y asegurar que los proyectos no solo se liciten, sino que efectivamente se construyan y entren en operación en el menor tiempo posible.