El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, continuará siendo investigado en una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a raíz del caso Rolex.

Esto debido a que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró «infundado» el recurso de apelación de Oscorima Núñez para revocar la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el 8 de julio del 2024, en la que declaró «improcedente» una solicitud de tutela de derechos que presentó para anular la disposición emitida por la Fiscalía de la Nación, el 17 de mayo del 2024, en la que ordenó desacumular los hechos atribuidos a dicha autoridad regional en la investigación que se le seguía junto con la presidenta Dina Boluarte por este caso y remitir este extremo a la Fiscalía Superior Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que proceda a su distribución al despacho fiscal llamado por ley.

La defensa legal de Wilfredo Oscorima demandaba que se revoque la decisión impugnada y se declare fundada su solicitud de tutela de derechos al sostener que la resolución apelada presenta defectos de motivación y se inobservó el derecho a la legalidad procesal penal y al plazo razonable, ya que el argumento de la Fiscalía de la Nación solamente está dirigido a fiscales distintos al fiscal de la Nación para procesos comunes, por lo que con esta decisión es factible dejar en indefensión a la mandataria ya que se atenta contra el principio de unidad de la investigación.

No obstante, el tribunal supremo confirmó lo decisión del magistrado Checkley Soria al determinar que la desacumulacion de los cargos por los delitos de cohecho tiene fundamento jurídico, sólido, al haberse reunido el material investigativo suficiente para proceder al siguiente paso, sin que resulte indispensable mantener la continencia de la causa.