Rechazan acuerdo con Odebrecht

tras suspensión de cooperación de Brasil

Parlamentarios culpan a fiscales.

El Congreso de la República intensificó las críticas contra el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, luego de que Brasil anunciara la suspensión de la cooperación jurídica internacional con el Perú en los casos ligados al caso Lava Jato. Esta medida responde al uso de pruebas invalidadas por el sistema judicial brasileño.

Ante este escenario, diversos congresistas alzaron la voz y señalaron responsabilidades directas de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, encargados del proceso desde el Ministerio Público. Legisladores de distintas bancadas coincidieron en que el uso de evidencia sin validez legal compromete gravemente la legitimidad de las investigaciones.

María del Carmen Alva, congresista no agrupada, denunció el avance de la impunidad en el país y exigió acciones concretas a las instituciones del sistema de justicia.

“Creo que nos está ganando la impunidad. Las entidades que administran justicia deben buscar una solución. No puede ser que aquí no pase nada, que se comentan delitos y que, al final, nadie reciba sanción”, afirmó.

Asimismo, Alva criticó duramente el acuerdo que suscribió el Estado con la constructora brasileña, al considerar que afectó gravemente los intereses nacionales.

“Sabemos que no hubo transparencia en esos acuerdos, no fueron favorables para la justicia en el Perú. Espero que se sancione a quienes resultaron inmersos en estos convenios lesivos”, sostuvo.

El congresista Ilich López, de Acción Popular, también arremetió contra los fiscales que lideraron la investigación.

“Dijeron ser los salvadores del Perú, pero le devolvieron a Odebrecht la hidroeléctrica de Chaglla y le permitieron venderla. No se recuperaron activos por una interpretación auténtica que consideraba que la empresa no estaba en un proceso penal. Esto nos obliga a reflexionar sobre la urgente reforma del sistema judicial”, declaró.

Por su parte, la congresista Gladys Echaíz vinculó esta crisis a la falta de formación adecuada en las instancias judiciales. Respaldó su propuesta de reemplazar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la Escuela Nacional de la Magistratura, medida que el Congreso evaluó sin aprobarla plenamente, aunque acordó crear una comisión de alto nivel para una reforma integral del sistema de justicia.

“La reforma está durmiendo el sueño de los justos. Es difícil impulsar cambios cuando nadie reconoce las causas reales de la crisis. El problema comienza en las universidades, que no forman bien a los profesionales. Después, nadie evalúa su competencia antes de que administren justicia”, sostuvo Echaíz.