Perú enfrenta una tormenta silenciosa, pero devastadora. No son los fenómenos climáticos ni las crisis externas las que hoy nos amenazan con mayor virulencia, sino una erosión interna, un ataque calculado a la médula de nuestra institucionalidad. Lo que estamos presenciando es la peligrosa confluencia de politización desmedida, clientelismo rampante e irresponsabilidad fiscal, una mezcla que promete desmantelar años de estabilidad y progreso.

Primero, la politización ha descarado su rostro más oscuro. Hemos visto intentos flagrantes de capturar espacios de poder y decisión que, por su naturaleza, deberían ser técnicos y autónomos. Los directorios de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, vitales para el microempresario y el ahorro popular, se han convertido en un apetitoso botín. Las Asociaciones Público-Privadas (APP), herramientas clave para cerrar nuestra inmensa brecha de infraestructura, corren el mismo riesgo. Aquí no se busca el desarrollo nacional; se buscan cuotas y acomodos para favorecer intereses políticos de grupo, sacrificando la idoneidad y la solidez de instituciones que son fundamentales para nuestra economía. La meritocracia se ve aplastada por la conveniencia.

En segundo lugar, se ha consolidado un sistema de clientelismo y cooptación que distorsiona por completo la gobernabilidad. La supervivencia política a corto plazo se ha erigido como la única brújula. Se tejen vastas redes de apoyo político distribuyendo favores, recursos y prerrogativas. La reciente propuesta de reducir el IGV para las municipalidades sin un sustento fiscal claro, o el control sobre directores de entidades estratégicas, son ejemplos palpables. Esta práctica perversa transforma la administración pública en un instrumento para asegurar lealtades, lejos de su propósito de servir al ciudadano. La rendición de cuentas, piedra angular de cualquier democracia sana, es simplemente anulada.

Finalmente, y quizá el flanco más vulnerable, es la irresponsabilidad fiscal que se cierne sobre el país. Nos arriesgamos a perder el equilibrio fiscal que tanto nos costó construir desde los años 90, esa base inamovible de nuestra estabilidad macroeconómica. Cuando las decisiones políticas priorizan la gratificación inmediata y la permanencia en el poder sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo, el resultado es predecible y catastrófico: un gigantesco «agujero» en las finanzas públicas que hipoteca el futuro de cada peruano. Esto trasciende la mala gestión; es una amenaza existencial para nuestra estabilidad y capacidad de progreso.

En conjunto, estos factores pintan un panorama sombrío. El Perú se encuentra en una situación donde la fragilidad de sus instituciones y la primacía de intereses particulares sobre el bien común nos empujan hacia un camino de incertidumbre y riesgo. Es hora de que la ciudadanía, la clase política responsable y los gremios que aún defienden el rigor técnico, se unan para detener esta deriva. La defensa de la institucionalidad no es una opción, es una urgencia nacional.