PERÚ COMPETITIVIDAD

La inversión pública al cierre de mayo de 2025 sigue mostrando un crecimiento en términos agregados, pero con graves señales de ineficiencia en su ejecución. Aunque se han devengado más de S/ 19 mil millones y la variación interanual en mayo fue de apenas 7 %, el ritmo de crecimiento viene desacelerándose de forma sostenida: fue de 13 % en abril, 18 % en marzo y 29 % en febrero. Esto es reflejo de los desequilibrios entre la programación del gasto y la capacidad real de ejecución.

Uno de los síntomas más preocupantes es la persistencia y agravamiento de los proyectos con ejecución cero. A mayo, el 51 % del total de proyectos con presupuesto institucional modificado (PIM) no ha ejecutado ni un sol. Esta cifra representa más de 26 mil proyectos que figuran en el portafolio, pero que no registran ejecución a la fecha, lo que sugiere una brecha entre la programación y la capacidad de ejecución. Para ponerlo en perspectiva, en el mismo periodo de 2024, el porcentaje era 48 %. Es decir, no solo no se ha corregido, sino que el problema se ha profundizado.

Además, esta inacción tiene un costo acumulado: el PIM comprometido en estos proyectos sin ejecución asciende al 21 % del total nacional, lo que significa que más de la quinta parte de los recursos asignados a inversión no se están utilizando de forma efectiva. El problema atraviesa todos los niveles de gobierno: los gobiernos locales (GL) concentran el mayor porcentaje de proyectos con ejecución cero (53 %), seguidos de los gobiernos regionales (45 %) y el gobierno nacional (42 %).

A ello se suma otro dato alarmante: el 15 % de los proyectos con PIM al 1T2025 tenían retraso en la finalización con un promedio de 695 días. Es decir, los proyectos tardan, en promedio, casi dos años más allá de lo previsto en terminarse. Mientras más proyectos se quedan en ejecución cero, mayor es también el rezago acumulado en el sistema, reflejando un esquema que planifica más de lo que puede ejecutar lo que le resta eficiencia a la gestión del portafolio.

Esta situación cobra mayor relevancia frente a propuestas legislativas que buscan incrementar los recursos para gobiernos locales, como el aumento progresivo del Impuesto de Promoción Municipal (IPM), que forma parte del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). Esta propuesta redistribuye el gasto público: se estarían trasladando cerca de S/ 10 mil millones adicionales a municipios que, en 2024, dejaron de ejecutar prácticamente ese mismo monto en proyectos de inversión.

Esta redistribución refuerza el desbalance entre programación y capacidad de gestión: los gobiernos locales ejecutan apenas el 66,6 % de su presupuesto de inversión y, a la fecha, más de la mitad de sus proyectos no tienen ejecución. Sin un fortalecimiento previo de capacidades, más recursos podrían traducirse simplemente en más ineficiencia, sin resultados tangibles para la ciudadanía.

Frente a este escenario, el Decreto Supremo N.° 020-2025-EF ha dado un primer paso al establecer que los recursos deben asegurar la continuidad de los proyectos antes que destinarse a nuevos proyectos. Además, faculta a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) a evaluar previamente la incorporación de nuevos proyectos.

En esa línea, desde el Consejo Privado de Competitividad también se insiste en diseñar una metodología para la habilitación de recursos durante el año fiscal, que permita condicionar la programación a criterios objetivos de viabilidad y capacidad real de ejecución. La propuesta busca establecer estándares mínimos para priorizar proyectos. De este modo, se aseguraría que el portafolio se ajuste a lo que cada entidad puede ejecutar efectivamente, mejorando la continuidad de las inversiones y reduciendo el riesgo de acumulación de nuevos proyectos, porque más recursos no garantizan mejores resultados si no se ordena primero cómo se programan y gestionan los proyectos.