Por Jorge Turpo R.

El MTC otorga 60 días de tregua a la fiscalización de la norma. En Arequipa, la demanda de chalecos ya había disparado precios y generado malestar.

SE SUSPENDE MULTA, NO LA MEDIDA

Este sábado los motociclistas de Arequipa amanecieron con una exigencia nacional sobre los hombros: portar chaleco reflectivo con la placa del vehículo estampada en la espalda. La norma, impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tenía previsto aplicar sanciones desde hoy.

Sin embargo, un acuerdo de última hora alcanzado entre asociaciones de motociclistas y funcionarios del Gobierno ha dado un giro inesperado: la norma no se suspende, pero las multas sí.

José Luis Huamán, presidente de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP), confirmó que el MTC ha decidido postergar por 60 días la imposición de sanciones, tras una reunión sostenida con representantes del Ejecutivo. La decisión fue celebrada por los colectivos que habían convocado una marcha nacional de protesta ese mismo día, en rechazo a lo que consideraban una norma ambigua, ineficaz y costosa.

“La norma presentaba vacíos que se prestaban al mal uso por parte de algunos efectivos policiales”, señaló Huamán.

Uno de los puntos más polémicos era la redacción sobre la visibilidad del chaleco, que prohibía cubrirlo con “objetos”. ¿Incluye eso el cabello largo? “Por ejemplo, el caso de la señorita que tenía el cabello suelto. La norma dice que no debe estar tapado con ningún objeto, pero el cabello no es un objeto”, argumentó el dirigente.

A pesar de la postergación de sanciones, el reglamento sigue vigente. En términos legales, todos los motociclistas están obligados a portar el chaleco y las cajuelas con la placa visible.

Las multas previstas por su incumplimiento son severas: 428 soles (8 % de una UIT), retención del vehículo y la suma de hasta 40 puntos en el récord del conductor. Las infracciones G.59 (casco indebido), G.68 (no portar chaleco) y G.69 (chaleco no visible) son consideradas graves.

PROTESTA CON RESULTADO

La presión ciudadana jugó un rol determinante. El jueves, asociaciones como la AHMUP y la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope) salieron a las calles en varias ciudades del país.

En Arequipa, donde circulan más de 15 mil motociclistas con SOAT vigente, las quejas no solo se centraban en lo legal, sino también en lo económico.

Desde que se anunció la obligatoriedad, la demanda de chalecos se duplicó en los talleres del Cercado.

Las ventas pasaron de 20 a más de 40 unidades por día. El precio del chaleco básico saltó de 25 a 45 soles, al desagregar 35 por la prenda y 10 por el estampado. Muchos optaron por llevar un chaleco propio para reducir el gasto.

Carlos Cuentas, representante de la Asociación de Motociclistas de Arequipa, criticó la eficacia de la norma, señalando que, en Lima, donde se aplica desde el 22 de mayo, no ha producido una disminución en la criminalidad.

“Lo que más molesta es que nos criminalizan sin ofrecernos una solución real. Un delincuente puede usar un chaleco falso. ¿Y nosotros? Pagamos por algo que no resuelve nada”, expresó.

Además del impacto económico directo, los motociclistas advirtieron que la norma introduce inseguridad jurídica. ¿Qué tipo de chaleco es válido? ¿Qué pasa si se lleva una mochila encima? ¿Si llueve y se usa una casaca encima? Las respuestas no están claras, y esa falta de definición ha sido parte del reclamo de los gremios.

En Gamarra, el epicentro textil de Lima, los precios oscilan entre 15 y 35 soles, pero en Arequipa la oferta es más limitada, lo que encarece el producto. El costo, aunque pueda parecer menor, representa una carga importante para motociclistas que trabajan como repartidores o transporte independiente.

El MTC ha indicado que en los próximos 60 días se revisará la norma y su aplicabilidad, lo que deja abierta la posibilidad de ajustes técnicos o incluso su replanteamiento.

Mientras tanto, en Arequipa, el primer día de aplicación amaneció con incertidumbre, pero también con algo de alivio: por ahora, no habrá papeletas.

Este nuevo escenario no resuelve del todo el conflicto entre motociclistas y el Estado, pero sí otorga un margen de diálogo. La medida, que pretendía mejorar la seguridad ciudadana, ha terminado evidenciando una vez más lo complejo que resulta legislar sin escuchar antes a los que deben cumplir la ley. Por ahora, las luces del chaleco pueden esperar.