Por Jorge Turpo R.

Rondas campesinas le dan plazo de 20 días para abandonar la provincia de Pataz. Poderosa terceriza su concesión a 283 mineros informales y otros cientos más operan bajo la sombra en la zona, sin control ni supervisión ambiental.

UNA SITUACIÓN A LA QUE AREQUIPA NO ES AJENA

La minera Poderosa, una de las principales productoras de oro del país, enfrenta una creciente presión social, ambiental y legal que ha puesto en jaque su continuidad en la provincia de Pataz, región La Libertad.

Fundada hace más de cuatro décadas, la empresa opera bajo un modelo mixto: combina explotación directa con 286 contratos firmados con mineros artesanales.

Sin embargo, las rondas campesinas de la zona han dado un paso inédito: han exigido públicamente su retiro definitivo, acusándola de no haber dejado ningún beneficio tangible para las comunidades que cobijan sus operaciones.

La Central de Rondas Campesinas de Pataz emitió un ultimátum de 20 días para que Poderosa abandone la zona, aduciendo abandono social, daño ambiental y una histórica falta de reciprocidad.

“La empresa está desde hace 46 años y no ha dejado absolutamente nada para Pataz. Han vivido como nuestros inquilinos, cuando llegaron sin nada, aquí se les fiaban hasta los alimentos”, dijo Santos Quispe Alvarado, presidente de la organización.

Durante el paro regional del pasado 9 de junio, la consigna fue clara: “El oro se va, la miseria se queda”. Quispe agregó: “Estamos cansados de expedientes y oficios. Lo que queremos es dignidad”.

Las acusaciones sociales se suman a una pesada mochila ambiental. Según el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados (RUIAS) del OEFA, Poderosa acumula más de 319 millones de soles en multas por contaminación, la mayoría vinculadas a sus operaciones en la provincia de Pataz.

Las sanciones han sido apeladas una y otra vez por la empresa, dilatando la posibilidad de una remediación efectiva.

De otro lado, Raúl Noblecilla, vocero de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (AMAPE), consideró que el modelo extractivo de Poderosa está agotado moralmente.

“La minería no puede seguir siendo sinónimo de impunidad. Poderosa se lleva el oro, pero deja contaminación y olvido”, dijo.

PELIGROSA CONVIVENCIA

Otro foco de tensión gira en torno a la convivencia con la minería informal dentro de sus propias concesiones.

Según el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), a abril de 2025 había 1 080 mineros informales extrayendo oro en 83 derechos de Poderosa.

De estos, 459 trabajaban en 41 concesiones registradas directamente a nombre de la compañía.

Si bien el gerente de asuntos corporativos de Poderosa, Pablo de La Flor, afirma que solo 283 de ellos tienen contratos con ellos y están “en proceso de formalización”, lo cierto es que cientos más operan bajo la sombra de la informalidad, sin control ni supervisión ambiental.

Las autoridades policiales advierten que esta situación ha generado conflictos por el control de zonas mineras, alimentando la inseguridad.

El modelo híbrido de Poderosa —operación directa y trabajo tercerizado con mineros informales o en proceso de formalización— la coloca en una posición vulnerable.

En 2023, trabajadores vinculados a uno de sus contratistas fueron secuestrados por grupos armados. La propia empresa ha denunciado atentados contra su infraestructura eléctrica, como el sabotaje de torres de alta tensión.

Estos incidentes ilustran el creciente descontrol en torno a sus operaciones, en un territorio disputado no solo por empresas y comunidades, sino también por mafias vinculadas a la minería ilegal.

MASACRE EN PATAZ

Las alertas también se encienden en el plano penal. Actualmente, Poderosa es parte de una investigación que dirige la Fiscalía Provincial Corporativa Mixta de Pataz por el secuestro y asesinato de 13 trabajadores de la empresa contratista R&R.

La investigación apunta al delito de secuestro agravado con subsecuente muerte. Si bien la minera ha declarado que colabora con las diligencias, su nombre aparece en un contexto de violencia que crece alrededor del oro y la precariedad de las condiciones de seguridad.

Detrás de esta compañía se encuentra una estructura familiar consolidada. Minera Poderosa está controlada mayoritariamente por la familia Arias Vargas, encabezada por las hermanas Evangelina, Carolina y Victoria Isabel. A través de fideicomisos, empresas offshore y participaciones personales, concentran más del 70 % del capital accionario.

Frente a este escenario, Minera Poderosa enfrenta el reto más difícil de su historia: no es solo el precio del oro o la volatilidad del mercado lo que amenaza su futuro, sino el hartazgo de una comunidad y el interés de los mineres informales.

Arequipa no es lejana a esta realidad ya que en las zonas mineras de Camaná y, sobre todo, Caravelí, también se tercerizan las concesiones a mineros informales y los enfrentamientos ya han generado muertes y protestas.