Por Jorge Turpo R.

Ejecutan el mejoramiento del servicio de esparcimiento colindante al aeropuerto. Informe revela deficiencias técnicas y administrativas en proyecto de esparcimiento ejecutado por la gestión del alcalde provincial, Richard Ale Cruz.

PROYECTO DEBIÓ TERMINAR EL 2024

La Contraloría General de la República identificó serias irregularidades en la ejecución de una obra valorizada en más de 7 millones de soles, a cargo de la Municipalidad Provincial de Islay.

Se trata del proyecto “Mejoramiento del servicio de esparcimiento colindante al aeropuerto”, ubicado en el distrito de Mollendo. Según el informe del Órgano de Control, existen tres situaciones adversas que comprometen la calidad de la obra y su viabilidad financiera.

La primera observación apunta al suministro de material granular destinado a la base humedecida de la zona de estacionamiento. La municipalidad contrató este insumo por S/ 158 460.00 a través de una subasta inversa electrónica.

Sin embargo, durante una inspección en la obra se constató que el material utilizado no cumple con los parámetros técnicos establecidos por el Manual de Carreteras y el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Fotografías tomadas durante la visita evidenciaron la presencia de piedras con un diámetro superior a las dos pulgadas permitidas, lo que podría afectar gravemente la calidad y vida útil del pavimento. La base granular, que constituye un componente estructural fundamental, no garantiza actualmente la resistencia ni la estabilidad requeridas.

“Este tipo de deficiencia técnica compromete la calidad de la infraestructura y podría generar mayores costos de mantenimiento o una pronta rehabilitación de la vía”, advierte el informe.

La segunda irregularidad detectada está relacionada con la documentación técnica del proyecto. El expediente técnico reformulado y aprobado no cuenta con las firmas de los profesionales responsables de su elaboración.

Esta omisión impide verificar la autoría y la responsabilidad de los especialistas que desarrollaron el proyecto, lo que debilita la legitimidad del documento y podría derivar en problemas legales o administrativos.

La norma exige que los expedientes técnicos sean suscritos por los profesionales competentes, identificando claramente sus nombres y colegiaturas, como parte de la garantía técnica del contenido.

La comisión de control señala que esta deficiencia “podría generar la falta de identificación de responsabilidades y la idoneidad en la elaboración del expediente técnico, así como la legitimidad del mismo”.

GASTO DE MANO DE OBRA

La tercera situación adversa compromete la sostenibilidad financiera de la obra. Según el expediente técnico, el gasto estimado en el rubro de mano de obra asciende a S/ 1 658 066.81. Sin embargo, al 18 de junio de 2025, se ha reportado un gasto acumulado de S/ 1 990 567.00 en esta categoría, lo que representa un exceso de S/ 115 480.15.

Este sobregiro se ha producido pese a que la ejecución física de la obra apenas supera el 41 % de avance, lo que genera preocupación respecto a la continuidad del proyecto. De mantenerse esta tendencia, el presupuesto podría agotarse antes de la conclusión de los trabajos, comprometiendo su culminación.

“El gasto en personal supera lo considerado inicialmente, lo que pone en riesgo la culminación de la obra si no se toman medidas correctivas inmediatas”, advirtió la Contraloría.

La obra, cuyo monto total de inversión alcanza los S/ 7 373 241.15, fue iniciada el 19 de octubre de 2023 bajo la modalidad de administración directa. Originalmente debía concluir en abril de 2024, pero una ampliación de plazo extendió su ejecución hasta agosto del mismo año.

No obstante, hasta mayo de 2025, el avance físico apenas llegaba al 41.33 %, muy por debajo del cronograma previsto.

Además, estas no son las primeras observaciones a este proyecto. Informes anteriores de la Contraloría ya habían advertido problemas como la falta de drenaje en muros de contención, deficiencias en la compactación de la subbase y ausencia de un inspector de obra.

El informe recomienda a la Municipalidad de Islay adoptar medidas preventivas y correctivas, con el objetivo de garantizar la calidad y continuidad del proyecto. También exige que se identifiquen responsabilidades por los materiales deficientes y por la omisión de firmas en los documentos técnicos.

La situación expuesta pone en evidencia la fragilidad del control técnico y financiero en una obra pública que busca mejorar los espacios de recreación para la ciudadanía, pero que hoy se ve envuelta en deficiencias que podrían costarle caro a la provincia. La Contraloría ha solicitado una respuesta oficial en un plazo máximo de cinco días hábiles, mientras la ciudadanía espera que estas observaciones no se traduzcan en una obra inconclusa o de baja calidad.