Por: Carlos Meneses

Todo el mundo quiere vivir dentro de lo que dice que son derechos inalienables del ciudadano.

Pocas veces la presidenta Dina Boluarte ha hablado fuerte a los mineros informales que pretenden conseguir una ampliación para después del 31 de diciembre y seguir en su sistema de trabajo, realizar bloqueos de carreteras e impedir la labor del Congreso.

Se ha molestado porque ha tenido que hacer cumplir la ley para que el ciudadano pueda transitar libremente por las carreteras que también dan acceso a la minería informal. Una actitud semejante ha optado la mayoría de congresistas que han preferido alejar a los informales que se establecieron frente al Palacio Legislativo instalando ollas comunes y baratas para alimentarse y finalmente pretender canjear un plazo máximo aceptable para la minería informal y artesanal.

En un año preelectoral esto era riesgoso para todos y más aún cuando los poderes del Estado se enfrentan con frecuencia o hacían uso y abuso de sus facultades en detrimento del patrimonio fiscal. En este momento, la situación solo se ha arreglado en el exterior del Legislativo, pero no en los caminos que siguen bloqueados impidiendo el paso de combustible, de turistas y de pasajeros quienes tienen derecho a usar libremente las vías. Esta situación debe terminar y de una vez con el concurso de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional del Perú.

Tiene razón la presidenta cuando dispone lo conveniente para que así sea. Se trata de poner las cosas en su lugar y no permitir más los abusos de terceros que solo buscan el lucro familiar o personal, olvidándose que todos tenemos similares derechos para ejercerlos como dispone la ley y no como a ellos les gustaría que sea.