Mineros y Gobierno no dan marcha atrás, perjudicando a la población en general.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ratificó que no revertirá la depuración de 50 mil mineros del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). En paralelo, el Gobierno inició el despliegue policial para recuperar el control de la vía en la región Ica y se espera que en las próximas horas lleguen a Arequipa. Ante ello, desde la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) Perú advirtieron que mantendrán su protesta mientras el Ejecutivo y el Legislativo no abran un canal de diálogo.

Respecto al bloqueo encabezado por mineros artesanales, el viceministro de Minas, Ronald Ibarra González, precisó que el Gobierno no dará marcha atrás, ya que los cambios fueron anunciados previamente. «Estamos actuando en cumplimiento de la Ley N.° 32213, misma que dice que el proceso de formalización se debe concluir hasta el 31 de diciembre. Como Minem estamos en esa tarea. (…) Nosotros queremos actuar como facilitadores entre el titular minero y los mineros en proceso de formalización. Se requiere un contrato entre ambos, mismo que tiene implicancia de responsabilidad en diferentes niveles», declaró.

Por su parte, la congresista Diana Gonzales Delgado, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, exhortó al Ejecutivo a sostener la depuración de más de 50 mil mineros del registro. «Yo esperaría muchísima más firmeza por parte del Ejecutivo en la representación del viceministro [Ronald Ibarra Gonzales], cuando le preguntan si esta es una decisión definitiva, tener una decisión firme y no lavarse la mano diciendo ‘hay otros poderes del Estado’», expresó.

Mientras tanto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, anunció que el Gobierno presentará denuncias penales contra los dirigentes mineros que promueven bloqueos de carreteras en rechazo al Reinfo. Afirmó que estas acciones constituyen delitos que afectan gravemente el tránsito, el abastecimiento y la economía nacional. Además, enfatizó que no se negociará con quienes “quebrantan la ley” y que la PNP actuará con firmeza para liberar las vías. El Ejecutivo sostiene que respalda la formalización minera, pero sin aceptar chantajes ni medidas ilegales.

En respuesta a las declaraciones del Gobierno, el presidente de Confemin Perú, Máximo Franco Becker, manifestó su disconformidad y reiteró que continuarán la protesta de forma indefinida. «Lamentablemente el gobierno no muestra signos de diálogo. Nosotros estamos en paz, realizando nuestra jornada de lucha. No vamos a retroceder. Actuamos en defensa de nuestro trabajo. (…) Vamos 15 días de protesta y, hasta el momento, no hemos recibido una respuesta favorable, ya sea del Congreso ni del Ejecutivo», sostuvo.

La mañana de ayer, el tránsito en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 447, en la provincia de Nasca (Ica), fue reabierto pacíficamente por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). La vía había estado bloqueada por piquetes de mineros, pero ya fue restablecida. Se espera que en las próximas horas el contingente policial llegue a Arequipa y desocupe los tramos obstruidos. Sin embargo, por la tarde, manifestantes asentados en el kilómetro 618 de Chala (Caravelí) iniciaron la construcción de barricadas con sacos y arena, señalando que se prepararían para enfrentar la llegada del contingente policial de Nazca. El clima en la zona sigue siendo tenso, y se advierten posibles enfrentamientos.

En tanto, desde el Gobierno Regional de Arequipa informaron que hace más de un mes solicitaron al Gobierno central la conformación de una mesa de trabajo para solucionar el problema minero. Sin embargo, no recibieron repuesta. Dicho actuar pareciera ser un deslinde de responsabilidades, dado que alrededor de 10 mil mineros informales bloquean las vías en los kilómetros 618 de Chala (Caravelí), 782 en Ocoña (Camaná) y 921 en Alto Siguas (Arequipa).

Alerta amarilla en Camaná y Caravelí

Ante la creciente tensión por los bloqueos, la Red de Salud Camaná-Caravelí declaró en alerta amarilla a todos sus establecimientos de salud. A través de un comunicado, indicaron que buscan reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a posibles emergencias que puedan surgir durante las intervenciones policiales. En ese contexto, se dispuso la inamovilidad total del personal asistencial, lo que implica que médicos, enfermeros y técnicos deben permanecer en sus puestos sin posibilidad de rotación ni licencia.