LLEGAN AGENTES DE DINOES LIMA

A doce días del paro indefinido de los mineros artesanales e informales en el sur del país, que mantiene bloqueados -desde el último domingo- dos tramos de la carretera Panamericana Sur en Arequipa, desde ayer se moviliza refuerzo policial de gran escala con el objetivo de recuperar el control del tránsito y restablecer la paz social.

La situación, que ha escalado peligrosamente, se ha visto agravada por las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Federaciones de Mineros del Perú (CONFEMIN), Máximo Franco Bequer, quien afirmó sin ambages “va a correr sangre y morirá gente”.

Este pronunciamiento, calificado como una incitación irresponsable a la violencia, ha encendido las alarmas en los más altos niveles del Gobierno. En respuesta, se ha dispuesto la movilización de agentes antidisturbios de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) procedentes de Lima, quienes ya arribaron a la base aérea de La Joya. A ellos se sumarán efectivos de las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, conformando un contingente de fuerza pública preparado para intervenir ante posibles actos de violencia o resistencia.

SITUACIÓN INSOSTENIBLE

Desde que comenzó el paro, los bloqueos de carretera han generado un impacto devastador en la economía del sur peruano. Solo en Arequipa, la Cámara de Comercio e Industria (CCIA) ha estimado pérdidas por más de S/ 100 millones, producto de la paralización del transporte de bienes, insumos y alimentos de primera necesidad.

En las zonas de bloqueo, principalmente en los sectores de Chala y Ocoña, decenas de camiones de carga pesada permanecen varados con productos perecibles como fruta, ajo, cebolla, leche fresca y combustibles, los cuales ya han comenzado a descomponerse. Esto ha provocado no solo la pérdida directa de mercadería, sino también una cadena de perjuicios que afecta a agricultores, transportistas, comerciantes, consumidores y empresas de todo nivel.

“Un bloqueo de esta magnitud impacta a todos: al agricultor que no puede vender su producción, al transportista que no puede circular, al empresario que pierde ventas y al consumidor que pagará más por alimentos escasos”, advirtió el presidente de la CCIA, Carlos Fernández.

Según el dirigente empresarial, la situación es insostenible. “Los recursos económicos que no se perciben por la paralización no se recuperan. Son pérdidas reales que afectan a miles de familias”, añadió.

INTERVENCIÓN DEL ESTADO

Ante este escenario, el Gobierno ha tomado la decisión de intervenir con la fuerza pública. Las autoridades sostienen que la protesta ha rebasado todos los límites aceptables y que se ha convertido en una afectación grave al derecho de libre tránsito, a la seguridad y a la actividad económica nacional.

La llegada de los agentes de DINOES se interpreta como una señal clara de que el Ejecutivo no tolerará más bloqueos ni amenazas veladas de violencia. “El Estado tiene la obligación de restablecer el orden y proteger a los ciudadanos. No se puede permitir que unos cuantos grupos impongan su voluntad sobre el conjunto de la sociedad mediante la coacción y el chantaje”, expresó una fuente del Ministerio del Interior.

Diferentes sectores han salido a rechazar estas declaraciones. Desde la sociedad civil hasta el empresariado, la opinión es unánime: ninguna demanda, por legítima que sea, puede ser defendida a costa de la integridad y la vida de los peruanos.

“Lamentamos profundamente que un dirigente pierda la compostura de esta manera. Las palabras importan, y más aún cuando provienen de líderes que tienen responsabilidad frente a sus bases. Incitar a la violencia es cruzar una línea que no debe ser tolerada por ningún motivo”, expresó el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Fernández.

Incluso, desde el Congreso se ha pedido que el Ministerio Público inicie investigaciones por apología de la violencia o incitación a cometer delitos, dado que el contexto es especialmente delicado y cualquier chispa podría desencadenar una tragedia.

En medio de este conflicto, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa se ha ofrecido como mediador neutral, proponiendo que se establezca una mesa de diálogo donde participen representantes del Estado y de los mineros artesanales para buscar soluciones realistas a corto y mediano plazo.

“El sur del país no puede seguir paralizado. Es necesario sentarse a dialogar, pero sin chantajes ni discursos violentistas. Nuestra propuesta es establecer una hoja de ruta clara que permita la formalización progresiva, sin dejar de lado la fiscalización y el cumplimiento de las normas ambientales y tributarias”, indicó Fernández.

No obstante, el éxito de una eventual mesa de diálogo dependerá en gran medida de que los bloqueos se levanten y se recupere la normalidad en las carreteras. Mientras tanto, las autoridades se preparan para intervenir y despejar las vías de forma ordenada, aunque advierten que no tolerarán actos de resistencia agresiva.

El bloqueo de la Panamericana Sur no solo afecta a Arequipa. Su impacto se extiende a Tacna, Moquegua, Apurímac, Cusco y Puno, cuyos sectores comerciales, industriales y agrícolas dependen de esta vía para abastecerse y enviar su producción. La situación amenaza con convertirse en una crisis regional si no se actúa con firmeza y sensatez.

Los gremios de transportistas y agricultores ya han advertido que la escasez de productos podría traducirse en un incremento de precios en mercados mayoristas y minoristas, afectando directamente a las familias de menores recursos. En paralelo, los servicios turísticos también han comenzado a sentir el impacto, con cancelaciones de reservas y restricciones de movilidad.