Chala es el distrito caravileño de mayor población propia y flotante, de mayor movimiento económico y comercial. Está en ruta de la carretera Panamericana, con conexiones viales hacia el sur de Ayacucho (Coracora). Caravelí es la única provincia de la región Arequipa, donde las actividades económicas: agricultura, pesca y minería coexisten sin conflicto alguno y por decisión de los mismos agricultores, pescadores y mineros. Es decir, no requieren de negociaciones largas, tensas y de “toma y daca”, como en otros lugares, entre los involucrados, para invertir, trabajar y producir. Situación de tranquilidad productiva conseguida, reitero, por su misma gente y, todavía, sin intervención del Estado.

El milagro Caravelí, no estoy hiperbolizando ni fantaseando, de convivencia entre agricultura, pesca y minería es posible porque los actores económicos son pequeños, medianos o independientes
empresarios de las actividades descritas, donde todos ellos se sienten iguales, con similares aspiraciones, desplegando grandes esfuerzos para hacerse de una de las citadas actividades. Este hecho
social y económico debe ser estudiado por las tantas universidades de Arequipa que están encerradas en sus recintos sin mirar a las provincias; encima, se atreven a dar orientaciones a los candidatos, a
gobernadores regionales y alcaldes provinciales, sin conocer ni investigar a las provincias que también son arequipeñas. Ni qué se diga de las ONG, se crean para servirse a sí mismas y recibir dinero
extranjero, sin contribuir al desarrollo de los pueblos.

El Estado, en sus niveles de gobierno: nacional y regional, no ha hecho nada por Chala, no le han resuelto el problema del agua potable, sigue esperando el presupuesto del MEF; el gran hospital, hasta ahora, no funciona como tal. Ese Estado fue incapaz de prevenir el conflicto luctuoso, con muertos, habido en Atico hace algunos años. No lo previeron por corrupción de los burócratas del GRA y Minem; a esto le llamo Estado ausente, apareciendo para reprimir, ocasionando una dolorosa muerte y heridos, e un impacto
psicológico negativo en su población. Necesitamos un nuevo Estado descentralizado municipalista que invierta en solucionar problemas, no que se engulle el presupuesto, dejando a las provincias a su
suerte. El Estado debe reconciliarse con Chala y Caravelí.

En el Valle de Tambo sí hay una fuerte oposición al proyecto minero Tía María y La Tapada, yacimientos ubicados en el distrito de Cocachacra; el lema es: “agro sí mina no”. La represión estatal ha dejado varias muertes, heridos, sentenciados, afectación en la salud de la población; el Estado tiene una deuda moral con el Valle de Tambo. Su portento es que no tienen dirigentes, pero sí voceros, entre ellos discrepan en la forma pero coinciden en el fondo, caso sui géneris, digno de examinar. Es decir, en la provincia de Islay, se da una situación diferente a la de Chala, Caravelí; sin embargo, el Estado, en ambos casos, ha reprimido tanto a los opositores a la actividad minera en el Valle de Tambo como a los pro mineros de
Chala, Caravelí; la verdad no debe reprimirse a nadie.

Esto evidencia que el Estado no tiene como política el diálogo, se caracteriza por negarse a respetar las posiciones de los pueblos; lo peor, el Estado produce normas que no cumple, emitió la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 153-2018-MINAGRI.SERFOR-DE que aprueba la incorporación de 36 ecosistemas a la “Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles”, varios de los cuales se encuentran en la provincia de Islay; expidió la Resolución Viceministerial N° 0079-2010-VMPCIC-MC que «declara patrimonio cultural de la Nación a los monumentos arqueológicos prehispánicos ubicados» en Deán Valdivia, Cocachacra y Mejía (Valle de Tambo). Por lo tanto, dentro de tales áreas no puede realizarse actividad minera y otras. Ahí no
actúa el Estado, ¿por qué?