Por Jorge Turpo R.

OCURRIÓ EN EL HOSPITAL YANAHUARA

Implicados deben asumir las consecuencias que correspondan. La Contraloría reveló que Eliana Alejandra Núñez Castillo utilizó estos descansos médicos mientras realizaba viajes a Bolivia.

Una enfermera del Hospital III de Yanahuara, en Arequipa, presentó seis certificados de incapacidad temporal durante el 2023 para justificar sus ausencias laborales, aunque en esos mismos periodos se encontraba fuera del país. Así lo reveló la Contraloría General de la República en el informe N.º 5431-2025-CG/GRAR-AOP, donde se documenta que, Eliana Alejandra Núñez Castillo, utilizó estos descansos médicos mientras realizaba viajes a Bolivia.

Los certificados fueron emitidos como atenciones de emergencia por enfermedad común, en los meses de enero, abril y diciembre del año pasado.

Sin embargo, los registros migratorios de la Superintendencia Nacional de Migraciones confirmaron que la servidora no se encontraba en el Perú cuando fueron emitidos.

Aun así, los documentos fueron tramitados por médicos del mismo hospital, sin evaluación clínica ni respaldo en historia médica, como exige la normativa.

La irregularidad se descubrió a partir de una denuncia ciudadana y fue posteriormente validada por el equipo de control de la Contraloría.

La enfermera figuraba en los turnos programados del hospital durante esas fechas, pero presentó los certificados para justificar su inasistencia y no sufrió ningún descuento salarial. Las boletas de pago correspondientes a los meses investigados confirman que percibió su sueldo completo, pese a que no cumplió con sus jornadas laborales.

El informe detalla con precisión los seis certificados presentados. Todos fueron emitidos por médicos de la Unidad de Emergencia del Hospital III Yanahuara: Lady Gil Onofre, Harold Manrique Rosales, Gustavo Valle Morales, Nelly Luque Quispe, Gabriel Atahualpa Begazo y Fernando Torres Vásquez.

Ninguno registró atención médica alguna en la historia clínica de la paciente, lo que infringe directamente las normas internas de EsSalud, que establecen que el certificado solo puede ser emitido luego de una evaluación médica presencial documentada.

Según la revisión de los movimientos migratorios de Eliana Núñez, la trabajadora se encontraba fuera del país cada vez que solicitó y obtuvo los descansos médicos. Por ejemplo, el 27 de enero de 2023, fecha del primer certificado, ella ya había salido rumbo a Bolivia un día después.

Similar situación ocurrió en abril, cuando tres certificados se extendieron mientras permanecía en el extranjero entre el 8 y el 18 de ese mes.

El último documento fue emitido el 22 de diciembre, el mismo día que reingresó al país desde Bolivia, apenas unas horas antes del turno que debía cumplir.

La Contraloría advirtió que estas acciones no solo implican un perjuicio económico para EsSalud, sino que afectan la operatividad del servicio público de salud. La ausencia de personal en áreas críticas como emergencia compromete la atención oportuna a los pacientes.

También se evidenció una falta grave en los controles internos del hospital, que permitió la emisión de certificados sin verificación ni historia clínica, abriendo la puerta a fraudes similares.

El caso pone en cuestión el rol de los médicos que firmaron los certificados, quienes, de acuerdo con el reglamento de EsSalud, tienen responsabilidad directa por cada acto médico.

Emitir un CITT sin haber evaluado presencialmente a un paciente y sin dejar registro clínico constituye una falta ética, administrativa y potencialmente penal.

Consultada sobre el caso, la gerente de la Red Asistencial de EsSalud Arequipa, Guadalupe Mercedes Mamani Juárez, confirmó que el tema está siendo investigado.

“Sabemos que el caso viene de meses atrás, cuando aún no estábamos en la gestión, pero se está actuando de acuerdo a ley”, señaló.

También aseguró que las personas implicadas deberán asumir las consecuencias que les correspondan.

RESALTAR

La Contraloría ya ha remitido toda la documentación a las instancias correspondientes y ha recomendado que se determinen sanciones administrativas, civiles o penales. Además, ha exigido a la Red Asistencial que implemente medidas inmediatas para reforzar los mecanismos de control y evitar que se repitan hechos similares.