Advierten complicidad entre mineros ilegales y autoridades.

Las comunidades nativas de la selva peruana denuncian que la minería ilegal no solo contamina su territorio, sino que sus redes criminales atentan contra la vida de quienes se les oponen o compran las conciencias de sus dirigentes. Todo esto, ante la pasividad del Estado e, incluso, la complicidad de las autoridades.

Esto fue lo que señalaron a RPP tres dirigentes de dichas comunidades: Lizardo Cauper Pezzo, presidente del Consejo Shipibo-Conibo; José Manuyama, coordinador del Comité de Defensa del Agua de Iquitos, región Loreto; y el abogado Tsanim Evaristo Wajai Asamat, miembro de la Nación Wampis de la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

TESTIMONIOS

Lizardo Cauper indicó que la mayoría de los ríos de la comunidad shipibo-coniba están siendo afectados por la contaminación minera, cuyos campamentos ilegales se asientan en las cabeceras de dichos afluentes.

«Actualmente, crece la minería ilegal y otras actividades que contaminan al medio ambiente. También eso afecta a la población del pueblo shipibo-conibo y a otros pueblos, no solamente el pueblo indígena, originario de Ucayali, sino también otros no indígenas que están a la orilla de estos ríos en las cabeceras. Hay muchas actividades económicas ilegales que hoy funcionan», relató.

«Entonces, hablando de minería ilegal, esto está afectando la mayoría de los ríos que crean el río Ucayali y eso, a su vez, llega también a las ciudades», acotó.

El dirigente señaló que esta contaminación se mantiene «invisible», ya que no estaría siendo consignada en los registros oficiales.

«No están, actualmente, en informaciones las cantidades de ríos que existen en la Amazonía peruana. Y todo esto está afectando la salud de la población, de todos los ciudadanos que vivimos en Ucayali, y no solamente de los indígenas. La ausencia del Estado, las autoridades no lo están viendo, no está en prioridad el tema de educación, salud. Sin embargo, estos actores están en las cabeceras de nuestros ríos y están contaminando, vulnerando el derecho a nuestra salud», resaltó.

Cauper Pezzo sostuvo también que hay varios asesinatos contra dirigentes que defienden el territorio y lamentó que no se les haya incluido en la mesa de trabajo que convocó el Ejecutivo para tratar el tema de la formalización minera.

«Estaba escuchando [que] hay una mesa de minería ilegal; sin embargo, no reciben nuestras demandas que planteamos. Hemos presentado en diferentes escenarios del Ministerio Público este tipo de amenazas por la defensa de sus territorios, queriendo expulsar a los mineros ilegales y otro tipo de actores, pero no tenemos respuesta concreta en esta situación», indicó.

«Las autoridades tienen que estar trabajando muy fuerte, porque estas demandas no son desde ahora, vienen desde lejos. Y el tema de la corrupción […] maneja mucha economía y divide a las poblaciones. Eso es lo que hoy están aprovechando estas situaciones circunstancialmente», aseveró.

«No existiría minería aurífera en el río Nanay sin la complicidad o la negligencia del Estado»

Por su parte, José Manuyama indicó que, pese a que Iquitos ha logrado articular movilizaciones de más de 10 mil personas en defensa de su territorio, particularmente del río Nanay, la amenaza directa contra su comunidad continúa presente.

«Iquitos es la ciudad en toda la Amazonía que [se] ha logrado articular en grandes marchas de 10 mil personas en varios años […] Acá hay un caso especial, hay una amenaza directa a 500 mil personas, a la capital del oriente peruano, a la capital de Loreto. Aquí hay una actividad que no solo amenaza a una comunidad […], amenaza a 500 mil personas que dependen directa o indirectamente del río Nanay», explicó. 

En esa línea, el dirigente expresó que no existiría este tipo de economía criminal sin la «complicidad o la negligencia del Estado».