La Asociación Público-Privada (APP) es una modalidad de inversión privada que, mediante contratos de largo plazo, permite distribuir riesgos y recursos entre el Estado y los privados, desarrollando proyectos de infraestructura y servicios públicos con niveles de servicio óptimos para los usuarios. Estas pueden originarse por iniciativa estatal o privada y, financieramente, clasificarse como autofinanciadas o cofinanciadas. Su desarrollo exige análisis rigurosos y capacidades técnicas altamente especializadas para cada una de sus fases: planeamiento y programación; formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual.

Aunque, en teoría, las APP deberían funcionar como un motor de desarrollo e inversión para el país, en la práctica, el Perú las ha empantanado en un laberinto normativo, institucional y procedimental que ha frenado su avance, con consecuencias visibles en términos de menor crecimiento, empleo y competitividad. Los datos más recientes revelan que el año 2024 fue atípicamente alto en adjudicaciones, debido al desfogue de proyectos que estuvieron embalsados por años. Sin embargo, en lo que va del 2025, el sistema ha vuelto a caer en su parálisis estructural. Según el análisis del Consejo Privado de Competitividad (CPC), contenido en el reporte técnico de este año, durante el primer semestre de 2025 se han adjudicado apenas US$ 97 millones en nuevos proyectos APP. Es decir, solo un 1,4 % del objetivo anual de US$ 6 767 millones. Un estancamiento puro y duro.

El pobre desempeño actual de las APP refleja un marco legal que ha dejado de ser funcional. Aunque en 2024 se adjudicaron más de US$ 5 000 millones en proyectos, el proceso continúa atrapado en demoras excesivas. El CPC reporta que en los últimos 15 proyectos tomaron, en promedio, 58 meses hasta la firma del contrato, casi el triple de lo que demoraban bajo el régimen anterior. Esta lentitud se debe a la intervención de hasta seis entidades en el proceso, lo que genera superposiciones, falta de claridad en las competencias y observaciones regulatorias fuera de su ámbito. Por su parte, la Contraloría ha concentrado su atención en aspectos técnicos y de costos, dejando de lado la evaluación de la sostenibilidad financiera del Estado.

En abril del 2025, el Congreso aprobó una nueva Ley de APP que incluía reformas sustantivas para reducir el enmarañamiento descrito. Sin embargo, las observaciones planteadas por el MEF mantienen aún pendiente su promulgación. En este escenario, los problemas estructurales persisten, poniendo en riesgo la posibilidad de impulsar la productividad, el crecimiento y el bienestar del país.

A pesar de todo, aún quedan oportunidades en lo que resta del año para adjudicar proyectos importantes. Con decisión política, el gobierno podría avanzar en adjudicaciones por US$ 1 582 millones para la Longitudinal de la Sierra Tramo 4; US$ 476 millones para la Primera Fase de Obras de Cabecera; US$ 442 millones para el Nuevo Hospital Militar Central; y US$ 288 millones para los Colegios en Riesgo de Lima Metropolitana. Es importante señalar que todos estos proyectos han atravesado procesos largos y tediosos, de entre 10 y más de 12 años desde su encargo, lo que es una muestra clara de que, si no se cambia el marco legal, simplemente pondremos el riesgo nuestro potencial de desarrollo y bienestar económico.