VIDENZA INFORMA

Uno de los problemas más críticos que enfrenta el Perú es el avance de la minería ilegal y su grave impacto sobre la seguridad y el bienestar de millones de peruanos. El proceso de formalización minera en nuestro país ha fracasado. El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) orientado a la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), que debía ser un mecanismo temporal para encaminar a los mineros informales a la legalidad, se ha convertido en una licencia indefinida para operar en la informalidad con aparente legalidad.

El débil diseño del REINFO, que no exige titularidad de concesión, y la ausencia de una fiscalización adecuada generaron una explosión de registros informales sin intención real de formalización: de más de 80 000 inscritos, solo 2 % logró formalizarse. Peor aún, las ampliaciones sucesivas del REINFO (seis veces desde 2012) han desincentivado que los mineros cumplan con las condiciones requeridas. La última prórroga del REINFO se aplica solo a personas naturales o jurídicas cuya inscripción esté vigente o suspendida por un periodo igual o menor a un año contado hasta el 30 de junio de 2025. Por ello, en la región de Arequipa, 10 067 mineros han sido excluidos del registro, lo que la convierte en la jurisdicción más afectada del país. Las provincias de Caravelí, Condesuyos y Camaná agrupan más del 80 % de las exclusiones en la región.

Tras movilizaciones y bloqueos de carreteras, el Ejecutivo convocó una mesa técnica con la participación de dirigentes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin). Sin embargo, solo se trataría de una tregua temporal ante las pretensiones inaceptables de la Confemin, que incluyen la exigencia de que el Estado detenga operaciones de interdicción, elimine requisitos fundamentales del proceso de formalización, anule la exclusión de los registros que ya fueron depurados y los reincorpore en su totalidad. So pretexto de la vulneración del debido proceso, la mesa técnica se ha comprometido a analizar estos casos individualmente, lo cual abriría la puerta a impugnaciones masivas de las exclusiones vigentes.

Si el Ejecutivo cede ante estas pretensiones, sentaría un precedente nefasto de que las protestas son efectivas como presión política. Aceptar demandas como detener interdicciones o revertir exclusiones podría abrir paso a una mayor minería informal encubierta. Este escenario es probable dada la debilidad del Gobierno para encarar la presión social organizada. No obstante, por lo mucho que está en juego, urge que el Gobierno se mantenga firme y no ceda ante estas presiones. Si bien se calmaría la conflictividad  social —al menos temporalmente— , se prolongaría la informalidad y agravaría los enormes impactos sociales y ambientales a los que está sometido gran parte del país. Lamentablemente la clase política parece no internalizar la urgencia de esta situación y continúa capturada por intereses subalternos y delincuenciales.