Detenciones se realizaron durante protesta de mineros informales.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Caravelí rechazó el pedido fiscal de prisión preventiva para los ocho pobladores de Chala detenidos el 11 de julio durante el desalojo de la Panamericana Sur. La Fiscalía los investigaba por extorsión, entorpecimiento de servicios públicos y violencia contra la autoridad. Sin embargo, el juez Ronald Salas Quinto determinó que solo existen indicios por los actos violentos contra la Policía, y no por los otros delitos.

En su decisión, Salas criticó el sustento fiscal sobre extorsión y entorpecimiento, y señaló que el requerimiento carecía de solidez. Confirmó la existencia de videos, actas y testimonios que vinculan a los implicados con agresiones a efectivos, pero descartó el internamiento en un penal. Indicó que la medida sería desproporcionada frente al tipo de hechos y optó por dictar comparecencia con restricciones.

Los ocho procesados deberán cumplir reglas estrictas por nueve meses. No podrán salir de su domicilio sin autorización, deberán asistir al juzgado cada mes y acudir a todas las citaciones fiscales o judiciales. También se les prohíbe mantener contacto entre ellos, con testigos o participar en nuevas protestas. Cada uno deberá presentar un croquis y fotos de su vivienda en un plazo de tres días.

El juez también fijó una caución económica individual. Juan Machaca deberá pagar S/ 15 mil; José Nucante, Isau Olortegui y Christian Torres, S/ 10 mil cada uno; Vicente Evangelista, Mercedes Quispe y Gustavo Mamani, S/ 5 mil; y José Sánchez, S/ 2 mil. Cualquier incumplimiento habilita a la Fiscalía a solicitar nuevamente la prisión preventiva.