Vocero del CPC, Álvaro Cubas.

Por Rocío Velazco C.

La región de Arequipa se encuentra sumida en una preocupante dinámica de estancamiento económico y social, marcada por una alarmante ineficacia en la gestión pública y la paralización de proyectos clave. Según el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y cifras detalladas por  su vocero Álvaro Cubas, la situación actual de la región es de un descontento generalizado, con niveles de pobreza elevados y un Producto Bruto Interno (PBI) prácticamente estancado, «como que nada hubiera pasado».

SEGÚN INFORME DEL CPC

La realidad económica de Arequipa contrasta fuertemente con su potencial. La paralización de proyectos no es un fenómeno aislado; se enraíza en una compleja red de intereses. Se identifican «intereses propios» de determinadas comunidades, que pueden ser legítimos o, en muchos casos, estar manipulados. La «licencia social», un concepto crucial para la viabilidad de proyectos, en ocasiones es genuina, pero, en otras, se ve influenciada por intereses ocultos, especialmente cuando «se pone dinero de por medio». Esta manipulación lleva a un ciclo vicioso donde los problemas se cierran temporalmente con fondos, solo para resurgir más adelante, sostiene Álvaro Cubas.

“En este contexto, la misión es clara: colocar por encima el bienestar económico y social de la ciudadanía en su conjunto. Los argumentos que detienen proyectos, particularmente en el sector minero y en obra pública, quizás no son suficientemente sólidos para justificar el impacto negativo en el desarrollo y la calidad de vida de Arequipa”, añadió.

INEFICIENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

La ineficiencia es una constante en el gobierno regional y las municipalidades de Arequipa. En el ámbito de la obra pública, más allá de protestas puntuales, los principales escollos son la «falta de capacidades» y de objetivos propios y claros. Estos factores dilatan y, en muchos casos, abortan iniciativas cruciales para la región que solo logra cerrar el 1 por ciento de los proyectos.

Álvaro Cubas subrayó la gravedad de la situación a través de dos ejemplos concretos y actuales:

“El Centro Oncológico. Se trata de un proyecto ya aprobado y con un presupuesto asignado de 18 millones de soles para un nuevo centro oncológico, ubicado junto al hospital Honorio Delgado Espinoza, el más grande de la región. Sin embargo, la ejecución se vio comprometida por decisiones arbitrarias que provocaron una fuerte reacción de pacientes, familiares y el cuerpo médico, quienes se movilizaron en protestas. Este episodio es un claro ejemplo de cómo intereses políticos y posibles actos de corrupción pueden poner en jaque proyectos vitales”, subrayó.

Otra obra es la Escuela de la Policía, un elefante blanco. Caso que ejemplifica la ineficiencia, su edificio está completo pero ha permanecido abandonado por ocho años. Esta situación es «increíble», como señala Cubas, y representa una enorme pérdida de recursos y una falla en la provisión de infraestructura básica.

El vocero de CPC explicó que cerrar un proyecto implica que se concluya técnicamente (obra terminada), administrativamente (liquidación presupuestal hecha) y se registre como finalizado en el sistema del Estado.

“Que solo el 1 % de proyectos públicos se cierre por año sugiere que miles de obras quedan a medio ejecutar, sin liquidar o abandonadas, generando sobrecostos y baja calidad del gasto”, advirtió.

Servicios públicos claves como carreteras y saneamiento han empeorado, y en salud  y educación los avances no son muy significativos.

Las consecuencias son: distorsiona la cartera de inversiones futuras, ya que no se pueden programar bien nuevas obras sin cerrar las anteriores, congela recursos presupuestales, impidiendo reinversión en nuevas prioridades; y finalmente afecta la percepción ciudadana y contribuye a la desconfianza en las autoridades.

Es por ello que el CPC tiene una «mirada aterrizada a regiones». Se necesita  fortalecer oficinas de programación e inversión de los gobiernos locales y regionales; capacitar en gestión del ciclo completo del proyecto, no solo en ejecución; impulsar cierres administrativos ágiles y uso de herramientas digitales del MEF; y mayor vigilancia y supervisión.

El camino hacia la mejora en Arequipa es complejo. Con problemas persistentes, incluso en áreas como el transporte, la ineficiencia regional hace «un poco complicado avizorar todavía un futuro o cambios que se vean visibles». Sin embargo, el esfuerzo de organizaciones como el CPC pone la evidencia sobre la mesa y trabaja de manera conjunta para que la ciudadanía comprenda el costo de la inacción y exija un cambio. La lucha por el bienestar colectivo y la transparencia en la gestión pública en Arequipa continúa, buscando romper con una dinámica que ha frenado por demasiado tiempo el progreso de la región, concluyó.