Economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, Paola del Carpio.

EXPORTACIONES SUPERAN LAS CIFRAS DEL 2024

Prácticamente la mitad del oro que sale del país no tiene respaldo legal y con ello se arrastra una pérdida multimillonaria para el Estado. Los departamentos más golpeados por esta pérdida son Arequipa, Madre de Dios y Puno.

Por Jorge Turpo R.

Este año, el Perú marcaría un nuevo récord en una estadística que debería alarmar, no enorgullecer: el valor de las exportaciones de oro ilegal podría superar los 12 mil millones de dólares, una cifra 60 % mayor a la registrada en 2024.

En otras palabras, casi la mitad del oro que sale del país no tiene respaldo legal. En 2025, más del 44 % del oro exportado carece de sustento legal, y con ello se arrastra una pérdida multimillonaria para el Estado, para las regiones y para los ciudadanos que viven en la periferia de esta economía informal que crece sin control.

“El Estado deja de recaudar cerca de 7 800 millones de soles al año por concepto de impuesto a la renta y canon, que podrían invertirse en salud, educación o infraestructura”, advierte Paola del Carpio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

Los departamentos más golpeados por esta pérdida son Arequipa, Madre de Dios y Puno, que solo por este concepto dejan de recibir hasta 200 millones de soles anualmente. A ello se suma un daño colateral: la expansión de otras economías ilegales que se desarrollan en paralelo a la minería sin control.

“Es una economía ilegal que jala a otras”, alerta Del Carpio. Y ese arrastre tiene consecuencias profundas: aumento del sicariato, trata de personas, corrupción y una ciudadanía que siente que el crimen gana más terreno que el propio Estado.

Según REDES, el 76 % de peruanos cree que la minería ilegal ha incrementado la inseguridad, y 8 de cada 10 piensan que ya ha corrompido a las autoridades locales.

El fenómeno, sin embargo, no es solo económico ni policial. Es también un síntoma de abandono estatal.

Del Carpio lo explica con claridad: “El Estado tiene que reconocer su responsabilidad en el abandono que ha tenido en muchas partes del territorio peruano. Ha dejado espacios para la legitimación de agentes ilegales que no están ahí para ayudar, sino para explotar”.

En otras palabras, los ciudadanos migran no hacia donde hay más Estado, sino hacia donde hay más oportunidad, aunque esta se encuentre fuera de la ley.

Y mientras el oro ilegal brilla en las exportaciones, el presupuesto nacional para enfrentar esta amenaza se apaga lentamente. “El programa presupuestal para la reducción de la minería ilegal tiene apenas 83 millones de soles, y eso que es menos que en 2019, a pesar de la inflación. Es impresionante”, señala Del Carpio. En otras palabras, el Estado enfrenta a una economía ilegal multimillonaria con un presupuesto inferior al que destinó hace seis años.

A ello se suman los efectos colaterales que no siempre se ven en las planillas fiscales. El crecimiento descontrolado de la población en zonas mineras ilegales sobrecarga servicios básicos que ya estaban colapsados: salud, educación, seguridad.

“No solo es que el Estado deje de percibir ingresos. También incurre en más gastos para atender las consecuencias ambientales, sociales y de salud que trae la minería ilegal”, añade la economista.

La situación se agrava cuando los intentos por regular el sector terminan en conflicto. La reciente exclusión de algunos mineros informales del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ha desatado bloqueos en al menos siete puntos del país.

“Solo en el sector transporte se calculó una pérdida diaria de 280 millones de soles por estos bloqueos”, indica Del Carpio.

La minería, recuerda, representa casi el 3 % del PBI, una cifra comparable a lo que mueve el turismo en el país. Por eso su impacto, para bien o para mal, se siente a escala nacional.

Hoy se discute una nueva ley para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Pero como afirma Del Carpio, “es una ley con muchos problemas que aún no está cerrada”. Mientras tanto, la mesa de diálogo sigue abierta, pero las medidas concretas para enfrentar este flagelo siguen en suspenso.

“El tema es complejo, pero hay que reconocer cuando se hacen las cosas bien. Esta disposición del Estado de mantenerse firme es positiva”, concluye. Pero también advierte que la firmeza no basta sin presupuesto, presencia y una estrategia multisectorial que entienda que la minería ilegal no es solo un delito: es el síntoma de un país que ha dejado solos a millones de ciudadanos.

El oro ilegal, en su brillo engañoso, no solo corroe los suelos donde se extrae. También socava las bases de un Estado que, en vez de enfrentar con fuerza el problema, parece haberle dado la espalda.

Exportaciones de oro ilegal

• 2023: US$ 4 833 millones
• 2024: US$ 7 000 millones
• 2025: US$ 12 000 millones (proyectado)