Por Jorge Turpo R.

Órgano de control encontró oficinas vacías en municipio.

SEGÚN LA CONTRALORÍA

Mientras el distrito de Yarabamba nada en millones por concepto de canon y regalías mineras, su municipalidad se hunde en la desidia. Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que, en pleno horario laboral, la Municipalidad Distrital de Yarabamba suele estar prácticamente vacía.

Oficinas cerradas, escritorios sin personal, usuarios sin atención. Como si no hubiera nadie al timón en el distrito más rico –y paradójicamente más abandonado– de Arequipa.

La constatación fue realizada por el Órgano de Control Institucional (OCI). La escena descrita es casi surrealista: la alcaldía, las gerencias de Infraestructura, Administración, Finanzas, Planificación, Servicios Públicos, Serenazgo, Contabilidad, e incluso la unidad técnica de agua y desagüe estaban cerradas.

No había ningún tipo de atención al público y, según el gerente de Asesoría Jurídica, no existía autorización formal ni justificación alguna para esa ausencia masiva.

Este abandono no solo contradice el horario laboral establecido por la propia municipalidad –que va desde las 7:50 a. m. hasta las 4:45 p. m.–, sino que vulnera la normativa nacional sobre atención al ciudadano en entidades públicas.

La Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo General y el Decreto Supremo N.º 028-2007-PCM son claros al establecer la obligación de brindar atención oportuna al público y sancionar la impuntualidad o el abandono de funciones.

La falta de personal en una oficina pública puede parecer un simple acto de negligencia. Pero en Yarabamba, distrito con apenas 2 mil habitantes, esta situación es especialmente crítica. Se trata de un territorio privilegiado en recursos, que recibe más de 200 millones de soles anuales en canon y regalías. Sin embargo, su población aún no cuenta con agua potable. Y ahora, ni siquiera con servidores municipales que los atiendan.

El caso toma un cariz aún más grave si se recuerda que la gestión municipal viene arrastrando escándalos de corrupción. En meses recientes, el exalcalde Manuel Aco Linares admitió ante la justicia haber cobrado coimas a cambio de adjudicar obras.

A pesar de su confesión, Aco aún no tiene sentencia firme y, en un giro insólito, ha expresado su intención de postular nuevamente a la alcaldía. Para muchos vecinos, su eventual retorno sería una maldición repetida: la riqueza minera transformada en abandono institucional.

Lo que ocurre en Yarabamba es una postal de la contradicción: un distrito que nada en dinero, pero en el que no hay agua, ni funcionarios, ni gobierno.

El informe de la Contraloría lo dice sin adornos: “La situación podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos institucionales”. En otras palabras, el municipio estaría paralizado.

La Contraloría ha recomendado al alcalde actual, José Luis Luna Zapana, adoptar medidas correctivas y enviar un informe en un plazo máximo de cinco días hábiles. Pero el silencio institucional ha sido la única respuesta hasta ahora. No se conoce ninguna medida adoptada, ni mucho menos una disculpa pública.

En un país donde las cifras y los escándalos compiten por la atención pública, el caso de Yarabamba refleja un problema estructural: no basta con tener recursos si no se tiene voluntad política ni una gestión mínima. Los millones que ingresan al distrito deberían garantizar servicios básicos, atención eficiente y proyectos de desarrollo. En cambio, hoy lo único que abunda en el municipio es el ausentismo.

Yarabamba, el distrito con los bolsillos llenos y las oficinas vacías, es el espejo de cómo la riqueza mal gestionada se convierte en frustración para una población pequeña, que merece mucho más que puertas cerradas y promesas rotas.