Sin impedimento judicial para el retorno de Patricia Benavides.

El Poder Judicial revocó la suspensión por 24 meses de Patricia Benavides. Infobae accedió a la resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que declara fundada la apelación de la exfiscal de la Nación y rechaza la del Ministerio Público, que buscaba que se amplíe el plazo a 36 meses. De esta manera, de momento, no existe alguna medida judicial que impida el retorno de Benavides.

El primer argumento de los jueces supremos para dejar sin efecto la suspensión de Benavides es el el hecho “público y notorio” que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso rechazó admitir a trámite la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía por este caso. Esta situación fue advertida por este diario en su momento y expuesta por el presidente de la Sala Penal Permanente, César San Martín, en la audiencia del último miércoles.

“Solo por esta situación se entiende que no está expedita la persecución penal y, por consiguiente, toda medida que afecte el entorno jurídico de quien se encontraba preliminarmente investigada decae irremediablemente, incluso con el archivo de las actuaciones”, se lee en la resolución.

En esa línea, la Corte Suprema asevera que –en el caso de altos funcionarios con antejuicio, como Patricia Benavides– la Fiscalía no puede pedir una medida coercitiva, como lo es la suspensión de derechos, “hasta que se obtenga la autorización del Congreso”. Es decir, reafirma su jurisprudencia respecto a que medidas coercitivas de alta intensidad solo proceden cuando la investigación ha sido formalizada y no en investigación preliminar.

“Es patente que no está autorizada la promoción de la acción penal contra la investigada Liz Patricia Benavides Vargas y, además, en clave de principio, mientras el Congreso no declare haber lugar a la formación de causa no es posible pedir y otorgar la medida solicitada de suspensión temporal en el ejercicio del cargo”, reza el texto.

Los jueces supremos no abordan el pedido de la Fiscalía para que se amplíe el plazo de 24 a 36 meses debido a que ya se determinó que la suspensión va a ser levantada porque el Congreso desestimó la denuncia constitucional.