Coordinador general de Videnza Instituto

En sus extensos discursos del 2024 y 2025, Dina Boluarte dedicó algunos breves minutos a Petroperú. A pesar de acumular salvatajes con fondos públicos por más de S/ 24 mil millones desde 2013, la quebrada empresa estatal mantiene la confianza intacta del gobierno. Los anuncios por parte de la presidenta contrastan con la realidad y evidencian el incumplimiento de muchas de las medidas anunciadas hace 12 meses.

En ambos discursos la presidenta destacó que Petroperú es la primera y única empresa del Estado en el subsector hidrocarburos, cuyo objetivo estratégico es abastecer el mercado de forma eficiente, oportuna y rentable. En 2025, sin embargo, quizás en un acto involuntario de sinceridad, dejó de mencionar la palabra “rentable” y la cambio por “competitiva”. Y es que hablar de Petroperú y rentabilidad resulta ya intolerable para una empresa que registró pérdidas de 8.2 % en 2024 y que proyecta perder 223 millones de dólares en 2025.

En 2024 la presidenta anunció “acciones de reestructuración e implementarán estrictas medidas de austeridad, tales como el traslado del personal de Lima hacia Talara, la venta de algunos activos, entre otras”. Igualmente, también ofreció asegurar un “financiamiento responsable, austeridad y un gobierno corporativo”. En 2025, lejos de mostrar resultados, el ofrecimiento de restructuración, liquidez y austeridad se repitió sin cambios tangibles, lo que evidenció la falta de resultados concretos.

Como ejemplo, una de las medidas de austeridad resaltadas por el presidente de su directorio, Alejandro Narváez, ha sido un plan de retiro voluntario, implementado para reducir costos operativos. Hasta mediados de julio, aproximadamente, según el propio Narváez, 30 trabajadores se han adherido a este plan. Cifra que resulta por demás insignificante para una empresa que al 2022 registraba más de 2 500 empleados directos.

Alarmante resulta que incluso en el discurso, se haya dejado de lado la necesidad de un gobierno corporativo. Esta necesidad es indispensable para tener oportunidad, si aún la hay, de restructurar efectivamente a la empresa estatal. Además, de evitarnos pedidos absurdos que pueden ser anecdóticos, pero dicen mucho de la calidad de su directorio. Por ejemplo, echar la culpa de sus altos costos financieros al Banco Central, cuando sus principales acreedores son del extranjero y su calificación crediticia ha sido reducida a “bono basura”.

Para este año, la novedad en el discurso de la presidenta respecto a Petroperú estuvo entorno a un acuerdo interinstitucional con Petroecuador “para la compra directa de petróleo sin intermediarios, la venta directa de diésel, gasolinas y asfaltos peruanos a Petroecuador y la interconexión de campos petroleros ecuatorianos con el oleoducto norperuano”. Este anunció, según lo mencionado por algunos expertos, corre el riesgo de no pasar de una promesa más, sobre todo por la situación actual del oleoducto norperuano. Quizás por ello en la prensa ecuatoriana no se ha mencionado absolutamente nada al respecto.

En definitiva, Petroperú representa un caso paradigmático de cómo las promesas incumplidas y la falta de resultados concretos erosionan la confianza en las instituciones públicas. Sin un compromiso real con la austeridad, la eficiencia y una profunda reestructuración, la empresa –más allá de lo que se pueda anunciar en discursos y medios– continuará siendo una carga insostenible financiada por todos los peruanos.