Por Rocío Velazco C.

Nilson Flores Suárez, asesor de la Federación de Mineros de Arequipa, expone un diagnóstico crudo pero constructivo sobre el proceso de formalización minera en el Perú. Su análisis no es solo una queja frente a un sistema paralizado, sino una propuesta articulada de soluciones para superar un laberinto burocrático que mantiene a miles de mineros en la incertidumbre.

REINFO, UN FRACASO DEL GRA

Arequipa, una de las regiones con mayor número de trabajadores en vías de formalización, es también el escenario donde se han impulsado iniciativas concretas para destrabar un proceso que, según Flores, lleva más de una década sin resultados significativos.

Flores Suárez no escatima críticas a la reciente mesa de diálogo instalada en Lima para abordar la situación de la minería artesanal y de pequeña escala. Aunque el objetivo era recoger la problemática de los mineros y delinear los fundamentos de una nueva ley, la reunión terminó evidenciando un vacío de competencias.

“La elaboración y aprobación de leyes es exclusiva del Congreso”, recuerda. Sin embargo, el encuentro se desarrolló con el Ejecutivo como si tuviera esa atribución, y se volvió a caer en la confusión de siempre: se le pide al Legislativo un decreto y al Ejecutivo una ley.

Para Flores, esta desorganización interna ha sido letal para la formalización. Las instituciones no tienen claro quién emite decretos, resoluciones o leyes, ni el procedimiento para modificarlas o derogarlas. El resultado: los problemas se eternizan sin solución.

MESAS TÉCNICAS EN REGIONES

Frente a la inercia central, la Federación de Mineros de Arequipa optó por una estrategia más directa. Se acercaron a la Dirección de Formalización del Ministerio de Energía y Minas y lograron instalar mesas técnicas en la ciudad de Arequipa.

El objetivo: reunir a dirigentes de diversas asociaciones para revisar procedimientos administrativos clave del proceso de formalización. Durante estas sesiones, detectaron “bastantes deficiencias en el procedimiento” y plantearon la reconsideración de los REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) cancelados de forma masiva.

La propuesta, presentada el 7 de julio —solo tres días después de las cancelaciones—, tuvo eco inmediato. El 9 de julio, el ministro de Energía y Minas reconoció que correspondía una rectificación. Este pronunciamiento significó, en palabras de Flores, “un primer punto en beneficio de todos los mineros del Perú”.

CORRIGIENDO VACÍOS LEGALES

Otro frente en el que la Federación marcó la diferencia fue en la revisión de normas clave para el proceso de formalización. Uno de los decretos obligaba a los mineros en proceso a presentar sus Obligaciones Tributarias y de Seguridad (OTS) ante la SUCAMEC, pero la Federación identificó un error de competencia: la evaluación debía recaer en la Dirección de Formalización, no en SUCAMEC.

Este error, sumado al plazo límite del 17 de agosto para presentar las OTS, generaba un riesgo inminente: la cancelación automática de miles de REINFO por un trámite que no podía cumplirse. La Federación solicitó ampliar el plazo y resolver el problema de fondo con una resolución aclaratoria.

El resultado fue una norma que suspendió los plazos hasta que el acervo documental de los gobiernos regionales sea transferido al Gobierno central, dando un respiro vital al sector.

FRACASO REGIONAL

Flores es categórico: “En los gobiernos regionales no se resolvió absolutamente nada, nada de nada”. Denunció, además, la existencia de procesos y denuncias por crimen organizado que afectaron la transparencia del trámite.

Su propuesta es clara: trasladar la gestión del proceso de formalización al Gobierno central, instalando mesas técnicas en las regiones para recoger casos, recibir sugerencias y, sobre todo, sanear los expedientes antes de dar por concluida la formalización.

La metáfora que utiliza es elocuente: “Si una partida de nacimiento tiene errores, no se pueden hacer otros trámites hasta corregirla. Lo mismo pasa con la formalización minera: primero hay que sanear para poder avanzar”.

Para el dirigente, hay dos condiciones “vitales, necesarias e indispensables” para que el proceso avance:

-“Se necesitan abogados. Buenos abogados”, insiste Flores, remarcando que la formalización es un procedimiento legalmente complejo y no puede dejarse en manos inexpertas.

-Instalar oficinas descentralizadas. Estas sedes permitirían a los mineros hacer rectificaciones de datos, nombres, coordenadas, concesiones y ubicaciones sin tener que trasladarse a Lima.

Ambas medidas dependen de que se concrete la transferencia total de información y expedientes desde los gobiernos regionales a la capital. Solo con la documentación en manos del Ejecutivo se podrán atender reclamos y avanzar en los trámites.

UNA DÉCADA PERDIDA

El presidente de la Federación de Mineros de Arequipa advierte que el REINFO ya superó la década de existencia sin resultados sustanciales: “Hemos perdido más de 10 años. No se ha avanzado absolutamente nada”.

Para él, el proceso está atrapado en tres problemas centrales: Confusión sobre las competencias de cada institución; falta de personal calificado para la gestión legal y técnica; y desinterés o ineficacia en la gestión regional.

Sin embargo, también sostiene que el momento actual abre una oportunidad. Las acciones emprendidas en Arequipa —desde la reconsideración de los REINFO hasta la suspensión de plazos— prueban que la voluntad política y la organización gremial pueden romper el bloqueo.

Flores no disfraza la urgencia: si el Estado no corrige el rumbo, miles de familias seguirán operando en la informalidad, con riesgos para su seguridad, el medio ambiente y su economía.

Su mensaje final es un llamado a unir esfuerzos:

“Es posible sanear el proceso, pero necesitamos decisiones claras, profesionales capacitados y una verdadera descentralización. Si seguimos postergando, perderemos otra década”.

El reto, entonces, es pasar de las mesas de diálogo estériles a la acción efectiva. La minería artesanal y de pequeña escala, lejos de ser un problema, podría convertirse en un motor de desarrollo local si se le brinda un marco legal funcional y accesible.