Por Jorge Turpo R.

Según el órgano de control, la obra vial en UPIS Paisajista no cuenta con Plan de Monitoreo Arqueológico autorizado por el Ministerio de Cultura, y podría quedar paralizada. La inversión supera los S/ 3 millones.

REVELA INFORME DE CONTRALORÍA

La gestión del alcalde de Hunter, Christian Arce Machaca, inició la obra de mejoramiento de la calle N.°16 de UPIS Paisajista sin contar con el Plan de Monitoreo Arqueológico autorizado por el Ministerio de Cultura, requisito indispensable para proteger el patrimonio arqueológico de la zona.

Según un informe de la Controlaría, el proyecto, valorizado en 3 millones 57 mil soles, podría enfrentar paralizaciones y sanciones por este incumplimiento.

El informe de control concurrente, precisa que la omisión del plan arqueológico desde el inicio constituye un riesgo grave para el desarrollo de los trabajos, pues cualquier hallazgo no supervisado adecuadamente podría conllevar la suspensión inmediata de la obra por parte del Ministerio de Cultura.

Este plan es obligatorio en áreas con potencial presencia de bienes arqueológicos, tal como lo establece la normativa vigente.

El proyecto, denominado “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la calle N.° 16 UPIS Paisajista”, contempla la intervención total de la vía con trabajos de pavimentación, veredas y señalización.

Sin embargo, la ausencia de un monitoreo arqueológico autorizado pone en entredicho la planificación municipal y el cumplimiento del expediente técnico aprobado.

FALTA DE PERSONAL CLAVE

La Contraloría también detectó que al inicio de los trabajos no estaba presente todo el personal clave del consorcio ejecutor ni de la empresa supervisora.

Entre las ausencias figuran profesionales esenciales para garantizar que la obra cumpla los estándares técnicos y de calidad establecidos, como el residente de obra, el especialista en suelos y pavimentos, y otros puestos contemplados en el contrato.

Esta situación podría derivar en deficiencias constructivas, incumplimiento del expediente técnico y, eventualmente, la imposición de penalidades contractuales.

La normativa obliga a que tanto la empresa constructora como la supervisora cuenten desde el inicio con el personal calificado y en número suficiente para el control y ejecución adecuada de los trabajos.

De acuerdo con el documento de la Contraloría, estas deficiencias iniciales no solo amenazan el cronograma de ejecución, sino que también podrían encarecer el proyecto. Una eventual paralización por incumplir las exigencias del Ministerio de Cultura implicaría retrasos, mayores costos y posibles controversias contractuales.

Además, la falta de supervisión efectiva desde el arranque aumenta el riesgo de que se ejecuten partidas sin el control técnico requerido, lo que podría derivar en trabajos de baja calidad o incompatibles con el expediente técnico aprobado.

NORMATIVA INCUMPLIDA

El Plan de Monitoreo Arqueológico no es un trámite opcional, sino una exigencia establecida por la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley N° 28296) y sus reglamentos. Esta normativa busca asegurar que cualquier intervención en zonas con potencial arqueológico se realice bajo supervisión especializada, protegiendo así bienes culturales que forman parte de la historia y la identidad local y nacional.

Al no gestionar ni obtener este plan antes del inicio de la obra, la municipalidad estaría incumpliendo no solo el marco legal, sino también las obligaciones previstas en el expediente técnico, que debe contemplar la preservación del patrimonio.

La Contraloría alertó que, de mantenerse estas deficiencias, la obra podría ser suspendida de manera indefinida si durante su ejecución se descubren restos arqueológicos.

En ese caso, el Ministerio de Cultura tendría que intervenir para salvaguardar los hallazgos, y los trabajos no podrían reanudarse hasta contar con el plan aprobado y las medidas de protección implementadas.

Asimismo, la ausencia de personal clave desde el inicio podría justificar la aplicación de penalidades contractuales a las empresas involucradas, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y sus reglamentos.

El informe recomienda a la municipalidad adoptar medidas inmediatas para subsanar las observaciones. Entre ellas, gestionar de forma urgente la autorización del Plan de Monitoreo Arqueológico ante el Ministerio de Cultura y asegurar la presencia del personal profesional comprometido contractualmente.

Este caso pone nuevamente en debate la responsabilidad de las autoridades locales en la gestión de obras públicas, especialmente aquellas que pueden afectar el patrimonio arqueológico. La ejecución de proyectos sin cumplir todos los requisitos legales no solo pone en riesgo recursos públicos millonarios, sino también bienes culturales irremplazables.