Jorge Luis Cáceres Arce, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional.

Por Rocío Velazco C.

ASOCIACIÓN PERUANA DE DERECHO CONSTITUCIONAL:

La Asociación Peruana de Derecho Constitucional (APDC), una institución pilar en el ámbito jurídico y académico del país, se prepara para celebrar un hito significativo: su trigésimo aniversario. Fundada el 22 de agosto, ha dedicado tres décadas a la promoción y defensa del Estado constitucional de derecho, la democracia y las libertades fundamentales, consolidándose como un referente indispensable en la vida nacional. Bajo la presidencia de Jorge Luis Cáceres Arce, quién resaltó que no solo se conmemora su pasado, sino que reafirma su compromiso con los desafíos presentes y futuros del Perú.

Jorge Luis Cáceres Arce, catedrático universitario precisó “ser presidente de esta legión de constitucionalistas, varones y mujeres, todos ellos profesores universitarios es un honor y compromiso; la APDC es una asociación que impone tres condiciones rigurosas para la incorporación de sus miembros: ser profesor universitario en materia constitucional o vinculante, poseer una reconocida producción literaria (ensayos, libros) en la disciplina, y ser un defensor de la democracia». Estas exigencias aseguran la calidad intelectual y el compromiso ético de sus 189 asociados, provenientes de 75 universidades de todo el país.

Asumió la presidencia de la APDC el pasado 30 de julio para un periodo de tres años, extendiéndose hasta 2028. Su elección representa el quinto liderazgo en la historia de la asociación, sucediendo a distinguidos juristas que han forjado el prestigio de la institución.

El primer presidente, el fundador Domingo García Belaunde, fue un «notable maestro universitario». Le siguió Francisco Miró Quesada Rada, catedrático y exministro de Justicia. El tercer presidente fue Ernesto Blume Fortini, ex viceministro de Justicia y presidente del Tribunal Constitucional, con una vasta trayectoria docente. El cuarto fue Víctor García Toma, «calificado jurista», también exministro de Justicia, expresidente del Tribunal Constitucional, embajador del Perú en Naciones Unidas.

La Asociación se enorgullece de albergar cinco generaciones de constitucionalistas, lo que demuestra su capacidad de renovación y adaptación a los tiempos.

La misión principal de la APDC es «seguir contribuyendo con la defensa inquebrantable del Estado constitucional de derecho». Esto implica una férrea oposición a cualquier «interrupción a un régimen constitucional» y «abusos del derecho», y a no permitir «la mediocridad y corrupción en el manejo de la cosa pública», subrayó Cáceres Arce.

Para cumplir con estos objetivos, la asociación mantiene una intensa actividad académica y cultural. En este año de su 30 aniversario, han organizado tres grandes eventos:

• «Momentos Constitucionales» que se realizó en abril, en la Católica de Santa María, este evento abordó temas cruciales como la vacancia presidencial, las elecciones presidenciales, la amnistía, el indulto, la autonomía municipal y regional, y otros temas.
• XV Congreso Nacional de Derecho Constitucional (11 al 13 de Septiembre), que contará con la participación de expositores internacionales y discutirá temas de gran relevancia como el federalismo, la debilidad de los derechos, las garantías y libertades, la igualdad jurídica, la vacancia, la cuestión de confianza y la bicameralidad. Este congreso es parte de una tradición bien establecida, realizándose cada dos años.
• También habrá un evento en Trujillo del 6  al 8 de noviembre próximo.

Además de estos grandes encuentros, la APDC organiza «webinar permanentes» y se dedica a la edición de libros y anuarios, habiendo publicado ya 20 anuarios vinculados a la materia constitucional.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La Asociación Peruana de Derecho Constitucional no limita su influencia a las fronteras nacionales. Mantiene una fuerte vinculación con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, una institución con 50 años de trayectoria y sede en la Universidad Nacional Autónoma de México. El presidente de este instituto es José María de la Garza, un «calificado jurista» y profesor universitario.

La APDC es un miembro integrante del Instituto Iberoamericano, y Cáceres Arce ejerce el cargo de vicepresidente de este prestigioso organismo que «alberga a 67 asociaciones del mundo hispano e ibérico». Esta conexión internacional se materializa en la organización de eventos cada tres años. De hecho, al finalizar su mandato en 2028,  Cáceres Arce liderará la organización del XVII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, que se llevará a cabo en Arequipa, en la Universidad Católica de Santa María.

Además, la APDC ha establecido convenios con asociaciones de derecho constitucional de Argentina, Italia y España, promoviendo una «permanente actividad cultural, académica, intelectual, de producción de libros, de debates, de webinar».

DESAFÍOS NACIONALES

La APDC no solo se dedica a la academia, sino que asume un rol activo en el debate público y la  defensa de los principios democráticos. Su presidente subraya que, si bien la Constitución de 1993 «nació deslegitimada», se ha ido «legitimando en estos más de 30 años de vigencia». La asociación aplaude que, a pesar de la inestabilidad política que ha llevado a siete presidentes en un corto periodo (Kuczynski, Vizcarra, Mercedes Aráoz, Merino, Sagasti, Castillo, y la actual presidenta), la banda presidencial «les ha correspondido constitucionalmente», lo que la Constitución garantiza y la APDC defiende sin reservas, siempre «cautelando libertades y derechos» y «defendiendo la gobernabilidad».

Cáceres se refirió al conflicto con Colombia en torno a la Isla Chinería en Santa Rosa, un islote en el río Amazonas cuya soberanía se considera territorio peruano, “el caso ya había sido explicado por Alan García en 2003, y los tratados de límites y paz con Colombia establecieron que Leticia sería para Colombia, mientras que los territorios anexados y vecinos a la Isla serían para Perú, sellando así la pertenencia de la isla al Perú”.

Agregó que según la senadora colombiana María Fernanda Cabal Molina, el presidente Gustavo Petro inventó este conflicto para encubrir su ineficiencia y actos de corrupción, así como para distraer la atención, vinculándolo a la «extrema izquierda del narcoterrorismo».

Frente a esta situación, la cancillería peruana ha «actuado de forma acertada y firme, poniendo las cosas en su sitio». Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, fueron elogiadas por Cáceres, al enviar tropas y efectivos a la frontera, deteniendo a comerciantes colombianos que ingresaron ilegalmente y expulsando a otros. La presidenta peruana fue clara y tajante en sentar su posición. Un incidente clave fue el vuelo de una nave militar colombiana sobre el cielo peruano, lo que las FF.AA. peruanas respondieron advirtiendo que actuarían militarmente si esto se repetía.

Actualmente, las tropas peruanas se encuentran en el distrito de Santa Rosa. El viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri ha reiterado que no existen dudas sobre la soberanía peruana en Santa Rosa de Loreto, basándose en el Tratado de Límites y Navegación Fluvial de 1922 (Gobierno de Leguía) y el Protocolo de Amistad de 1934 (Gobierno de Benavides). Se aplaude la actuación del gobierno peruano, a través del Ministerio de Defensa y la Cancillería, por su firmeza, prudencia y certeza, concluyó.