Por Rocío Velazco C.

Cáceres Arce representó al Estado peruano junto a  César Pastor, en audiencia de la Corte IDH. El doctor Jorge Luis Cáceres Arce, profesor arequipeño de derecho constitucional y agente del Estado peruano, quien actuó ad honorem junto a  César Pastor, realizó la defensa en la audiencia realizada ayer en Costa Rica sobre la Ley de Amnistía para policías, militares y ronderos. La sesión duró casi 3 horas, comenzó a las 5:15 p. m. hora peruana y concluyó a las 8:00 p. m. Se espera un pronunciamiento de la Corte en aproximadamente «un par de meses».

JORGE CÁCERES ARCE, AGENTE DEL ESTADO PERUANO:

Cáceres Arce dialogó telefónicamente desde Costa Rica y en exclusiva con diario El Pueblo, explicó que para su defensa articuló seis argumentos fundamentales para respaldar la constitucionalidad y legitimidad de la mencionada ley, desestimando las objeciones presentadas. Los puntos clave de su defensa incluyeron:

• Defensa de la Soberanía del Estado Constitucional: Cáceres Arce enfatizó que ningún organismo supranacional puede «limitar, recortar, menoscabar» las competencias constitucionales de los poderes del Estado o de los órganos autónomos, ya que esto sería «deslegitimizar». Afirmó que la ley de amnistía se dictó conforme al mandato constitucional y con una mayoría calificada en el Congreso.
• Principio de la Verdad Material: Citando al maestro argentino Néstor Pedro Sagüés, sostuvo que toda Constitución, tratado y ley debe ser «actuante, viviente y real», sintonizando con la realidad del país y la región. Enfatizó que las leyes deben ser efectivas, como las que sancionaron «ejemplarmente» a los responsables de más de 60 000 muertes por terrorismo en Perú.
• Principio de Subsidiariedad y Agotamiento de Instancias Internas: Se subrayó la importancia de agotar las instancias judiciales internas antes de acudir a jurisdicciones supranacionales.

Además, informó que los jueces ordinarios peruanos ya han desestimado 48 casos de solicitud de prescripción de delitos de lesa humanidad, prevaleciendo el contenido de la Convención Americana y no la ley de prescripción. Mencionó el caso del juez Concepción Carhuancho, que inaplicó la ley de prescripción para delitos de lesa humanidad para un militar, y otros 47 casos.

Explicó que la Comisión de Venecia ha establecido dos condiciones para aprobar leyes de amnistía: aprobación por mayoría calificada del Congreso e identificación del grupo beneficiario. Cáceres  afirmó que la ley peruana cumple con estas condiciones, beneficiando a militares, policías, ronderos, campesinos y gente humilde del campo, mayores de 70 años y sin delitos comunes.

 “Existen demandas de inconstitucionalidad presentadas por la Fiscalía de la Nación y el Colegio de Abogados de Lima ante el Tribunal Constitucional, el cual debe pronunciarse sobre el tema de la ley de amnistía en su momento”, aseguró el constitucionalista.

• Refutación sobre el «Grupo Colina» es el cuarto argumento: Calificó de «mentira» y «falso» que la ley beneficie a los «procesados del grupo Colina», como Santiago Martín Rivas. Aclaró que Martín Rivas, de 66 años, aún le restan 5 años de pena, y la norma beneficia a mayores de 70 años. Además, señaló que otros miembros del grupo ya han cumplido sus penas de 25 años, y aplicarles una «sobre-sanción» sería «arbitrario y abusivo».
• No Aplicación Retroactiva del Estatuto de Roma: Argumentó que el Estatuto de Roma, ratificado por Perú en 2002, no puede aplicarse retroactivamente a los hechos ocurridos entre 1980 y 2000, periodo cubierto por la amnistía, ya que esto violaría el principio de irretroactividad de la ley.
• Función de las Amnistías y Rol del Congreso: Defendió que las amnistías, con un origen político que se remonta a los senadores romanos, «cierran heridas, acercan a poblaciones» y fomentan la paz y la tranquilidad, en lugar de la confrontación. Subrayó que el Congreso, como «ente político», dictó la ley de amnistía «dentro de sus atribuciones, dentro de sus competencias, cumpliendo el debido proceso», conforme al artículo 106 de la Constitución. También señaló que algunos militares han sido procesados por 30 años sin sentencia, lo que calificó de «inhumano», destacando que fueron las fuerzas armadas, policiales y campesinas quienes defendieron al país del terrorismo.

Cáceres Arce representó al Estado peruano junto a  César Pastor, mientras que los doctores Ángel Delgado Silva y Manuel Peña al Congreso. También participaron los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia para evaluar ampliación de las medidas provisionales para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.