Por Carlos Meneses

Resulta un escándalo político la intervención de varios fiscales en la vivienda Nicanor Boluarte a propósito de indagaciones en su contra.

Inicialmente los fiscales encargados de la investigación contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, habían previsto también el allanamiento de las oficinas que él tenía en Palacio de Gobierno y que funcionaba como una especie de súper ministerio que coordinaba las acciones de gobierno directamente con la presidenta Dina Boluarte.

Desistieron del empeño cuando fueron advertidos que por tratarse de una dependencia directa con la jefa de Estado no tenían opción a poderla intervenir, fue en la mañana en que la Fiscalía intervino también la casa del hermano de la mandataria, en Lima, y oficinas del Ministerio de Energía y Minas en Ayacucho.

Lo que se buscaba eran pruebas de que Santiváñez había dirigido una organización criminal y comprometido a varios jefes militares que lograron permanecer en sus cargos a pesar de que ya no tenían derecho a hacerlo.

Lo más espectacular ocurrió en la casa de Nicanor Boluarte donde se denunció persecución política contra el hermano de la presidenta por el simple hecho ser su familiar.

Los ecos de lo ocurrido en la mañana de antes de ayer siguen siendo motivo de discusión en el Congreso y en las esferas políticas de Lima, no es algo intrascendente sino importante y ha provocado distintos comentarios en el Ejecutivo, Legislativo y en el Ministerio Público.

No se sabe qué consecuencias tendrá la intervención de los fiscales, pero se supone que han incautado elementos diversos que probarían que Nicanor Boluarte cometió acciones ilegales.