Presidente de la asociación, Julio Miranda Vargas. La Asociación de Vivienda Teresa de Calcuta, asentada en el sector de Umapalca, denunció la invasión de 10 hectáreas de terrenos que, según su dirigencia, les fueron adjudicadas legalmente después de casi 15 años de procesos judiciales. Por ello, piden la intervención de las autoridades para impedir las ocupaciones ilegales.

EXIGE INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES

 Julio Miranda Vargas, presidente de la asociación, acusó directamente a tres inmobiliarias de estar “nivelando y moviendo tierras” en la zona, poniendo en riesgo la posesión legítima de la comunidad.

Miranda lanzó un llamado urgente a la Policía, al Poder Judicial, al municipio y a los procuradores del Estado para frenar lo que considera un atropello. “Estos terrenos son del Concejo Provincial y, por ende, del Estado. No pueden estos señores engañar y estafar a la gente”, advirtió.

CONFLICTO DESDE EL 2004

La historia de la disputa por estos terrenos comenzó en 2004, cuando la jueza Marta Paricahua realizó una vista ocular en el área de Umapalca y determinó que los predios estaban destinados para posesión comunal. Ese fue el primer reconocimiento legal a favor de la Asociación Teresa de Calcuta, aunque apenas significó el inicio de un extenso litigio.

Durante más de una década, la organización que reúne a más de 200 familias defendió su derecho frente a diferentes instancias administrativas y judiciales. “Han sido 14 o 15 años de trámites, audiencias y apelaciones”, recuerda Miranda, quien asegura que la comunidad nunca dejó de confiar en que la justicia les daría la razón.

En 2016 se dio un paso clave: Registros Públicos iniciaron el reconocimiento de los terrenos, proceso que culminó en 2018 con la confirmación formal de la posesión de las 10 hectáreas por parte de la asociación.

OBSTÁCULOS LEGALES Y FALLO DECISIVO

Pese a este avance, la asociación enfrentó nuevos obstáculos. La Municipalidad Provincial de Arequipa había emitido la Resolución 925, con la cual se negaba la venta directa de los terrenos a la comunidad. Aquella decisión representaba un revés significativo, pues ponía en duda los derechos que los asociados.

La situación cambió en 2018 cuando el Poder Judicial anuló la Resolución 925 y abrió la puerta para la regularización definitiva de los predios. Desde entonces, la Asociación Teresa de Calcuta logró obtener una serie de fallos favorables que consolidaron su derecho, relató el dirigente.

En 2022, la justicia emitió tres sentencias sucesivas que ratificaron la propiedad: una sentencia fundada en febrero, una consentida en septiembre y la definitiva en noviembre del mismo año. Estos dictámenes despejaron las dudas legales y dejaron en firme la posesión de las tierras por parte de la asociación.

Actualmente, la organización cuenta con la Resolución Gerencial 522 del Municipio Provincial que les otorga la reversión de los terrenos, además de un certificado del IMPLA que autoriza su uso para la “construcción de inviernos”, reveló.

“Después de tantos años, se logró que los terrenos pasen al Municipio Provincial y, por ende, al Estado. Eso refuerza nuestro derecho y descarta cualquier pretensión de terceros”, recalca Miranda.

NUEVA AMENAZA: INVASIÓN DE INMOBILIARIAS

Sin embargo, cuando parecía que la larga lucha había terminado, surgió un nuevo conflicto. Según la denuncia de Miranda, tres inmobiliarias han ingresado a la zona y estarían realizando movimientos de tierra de manera ilegal.

“Están nivelando y ocupando terrenos que no les corresponden. Es un atentado contra el Estado y contra nuestra comunidad”, acusó.

El dirigente asegura que los presuntos invasores intentan generar confusión sobre la jurisdicción de los terrenos, argumentando que pertenecen a Sabandía, cuando en realidad, sostiene, se encuentran bajo la jurisdicción de Socabaya.

Además identificó a los supuestos responsables como representantes de la empresa que intenta acreditar su vínculo con Sabandía para justificar su presencia en la zona. “Quiero aclararles que ya no son dueños de nada. Estos terrenos son del Estado y la justicia lo ha ratificado”, remarcó.

INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES

Ante este panorama, la Asociación Teresa de Calcuta exige la intervención de las autoridades. Miranda pidió apoyo explícito a las comisarías del distrito y a los magistrados que conocen el caso. También demandó una acción decidida del Municipio Distrital de Socabaya, que –según dijo– ya inició procedimientos para retirar a los invasores.

“Ya se cumplió el plazo que dimos para que se retiren. Esperamos que las instituciones actúen y hagan respetar la ley”, subrayó.

La preocupación de la comunidad es que la demora de las autoridades en hacer cumplir los fallos judiciales favorezca a las inmobiliarias, que podrían seguir avanzando con la ocupación y ofrecer lotes a terceros, generando futuros conflictos sociales y legales.

“Lo que están haciendo es un engaño y una estafa. Venden algo que no les pertenece. Pedimos a la población no dejarse sorprender”, advirtió Miranda.

La Asociación Teresa de Calcuta, que agrupa a familias de sectores populares, sostiene que las 10 hectáreas en disputa representan no solo un patrimonio material, sino también la esperanza de consolidar su futuro. El proyecto de la comunidad incluye el desarrollo de infraestructura básica y espacios de vivienda que, aseguran, podrían beneficiar a más de un centenar de familias.

El temor de los dirigentes es que el accionar de las inmobiliarias frustre años de lucha y esfuerzo legal. “Nos costó casi 15 años lograr estos fallos. No vamos a permitir que vengan terceros a desconocer la justicia”, concluyó Miranda.