Esperan sentencia favorable a los intereses del GRA.

A casi un año del fallo en primera instancia, la disputa judicial entre Ricardo Díaz Macuchapi y el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) volvió a foja cero. El Poder Judicial anuló la sentencia que reconocía al privado el mejor derecho de propiedad de 554 hectáreas en la vía a Yura, tras advertir que el Juzgado Especial de Paucarpata no respetó el debido proceso. Sin embargo, no habrá certeza sobre la construcción del parque industrial mientras el proceso continúe en curso.

En septiembre del 2024, el Segundo Juzgado Civil de Paucarpata –a través de la sentencia N.° 162-2024-2JCP– declaró fundada la demanda interpuesta por Ricardo Díaz Macuchapi en contra del GRA por el mejor derecho de propiedad de 554.48 hectáreas ubicadas en el kilómetro 15 de la vía a Yura. La sentencia en primera instancia se sustentó en la escritura pública N.° 3237, de fecha 20 de abril de 2021, otorgada por su anterior propietaria, María Antonieta Vergara. Aunque el caso se consideró perdido, la decisión fue declarada nula mediante la Sentencia N° 256 – 2025 – 1JEC.

«No se convocaron a todos los actores que intervienen en el proceso ni a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Hemos demostrado ante el Poder Judicial que debe haber informe previo cuando se trate de bienes del Estado. (…) Esto ha conllevado a que la sala ordene que el juez de primera instancia revise las argumentaciones y vuelva a pronunciarse. De modo que hoy no existe una sentencia en primera instancia favorable para Díaz Macuchapi», explicó Amparo Begazo Burga, procuradora regional adjunta del GRA.

Ahora, Yuri Corrales Cuba, juez titular del Segundo Juzgado Civil de Paucarpata y encargado del fallo inicial, deberá pronunciarse nuevamente sobre el caso. Begazo Burga aseguró no poder ahondar en los argumentos de la defensa jurídica mientras el proceso siga judicializado, dado que será el Poder Judicial quien determine a quién le da la razón. No obstante, informó que esperan una conclusión favorable a los intereses del GRA, ya sea en primera o segunda instancia, incluso a nivel de la Corte Suprema. Procesos legales que podrían prolongarse varios años.

Respecto al pedido de los empresarios del Cono Norte para construir un parque industrial en los predios en disputa, Begazo Burga precisó que a nivel judicial no existen “reservas de terrenos” en favor de particulares. En ese sentido, el compromiso asumido por Esteban Valdez Gárate, mientras ocupó el cargo de jefe de Acondicionamiento Territorial del GRA, no tendría validez. Sin embargo, remarcó que deberán esperar la resolución judicial final y será decisión del GRA determinar si se efectúa o no la transferencia.