Disputas por control de concesiones mineras terminaron en enfrentamientos.

El primero de septiembre, la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJAR) instaló el juicio oral contra 46 acusados por la matanza de 14 trabajadores mineros ocurrida en junio de 2022 en Atico, provincia de Caravelí. El caso, considerado uno de los más complejos registrados en Arequipa, debe concluir en un plazo de ocho meses; de lo contrario, 19 procesados que permanecen bajo prisión preventiva deberán ser liberados por exceder el periodo máximo permitido.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los procesados integrarían dos organizaciones rivales: Atico Calpa y Calpa Renace. Ambas se disputaban el control de concesiones mineras y protagonizaron enfrentamientos que derivaron en un ataque armado con fusiles, escopetas y explosivos, que dejó 14 muertos y más de una decena de heridos. La Fiscalía imputa a los 46 acusados los delitos de organización criminal, homicidio, sicariato, usurpación agravada y tenencia ilegal de armas y explosivos.

Actualmente, 19 de los procesados cumplen prisión preventiva. La medida vence en abril de 2026, lo que genera presión sobre el colegiado para acelerar el juicio. Desde la CSJAR advirtieron que, si el caso no concluye antes de esa fecha, los detenidos podrían quedar en libertad mientras se desarrolla el proceso. Si los imputados salen en libertad, la seguridad estaría en riesgo, pues se trata de integrantes de una presunta organización criminal que operaba de manera sostenida.

«Todos los plazos de ampliación de la prisión preventiva se han aplicado hasta el límite que permite la norma. Por eso existe la preocupación de que el juicio se dilate hasta exceder el plazo permitido. Por ello, tanto el colegiado como nosotros buscamos que el procedimiento se agilice y se lleve a cabo en el menor tiempo posible», declaró Nicolás Iscarra Pongo, presidente de la CSJAR.

La hipótesis fiscal sostiene que las organizaciones Atico Calpa y Calpa Renace operaban con estructura jerárquica, armas de guerra y logística propia. Además, existen registros de audios, interceptaciones telefónicas y actas policiales que refuerzan la hipótesis de una disputa por control territorial en concesiones de la zona minera de Caravelí.

Iscarra Pongo destacó que el proceso busca dar una respuesta institucional firme para frenar la criminalidad y sentar un precedente de que la justicia puede actuar con contundencia.

El caso fue calificado como complejo porque los hechos investigados tienen antecedentes desde 2020 y se extienden hasta junio de 2022. Además, participan 300 testigos admitidos y se presentaron alrededor de 2 mil pruebas documentales, entre pericias balísticas, necropsias, reportes de telefonía e informes de criminalística. «Este es el juicio más grande que enfrentamos en Arequipa. No solo por el número de procesados, sino por la magnitud de los delitos y la cantidad de pruebas. Nuestra meta es culminarlo en ocho meses para dar una respuesta a la sociedad y evitar la excarcelación de los investigados», declaró Iscarra Pongo.

El colegiado de Camaná, integrado por los jueces Soledad Coaguila Turpo, David Morales Flores y Mauricio Hernani Neyra, conduce el proceso en la sede central de la Corte en Arequipa bajo estrictas medidas de seguridad. Iscarra Pongo explicó que se organizarán bloques de sesiones semanales, cada una con decenas de testimonios, para avanzar en la revisión del voluminoso expediente y lograr avances dentro del periodo fijado.

Las audiencias se desarrollan en la sede central de la Corte en Arequipa por razones de seguridad, debido al alto riesgo de enfrentamientos entre seguidores de las organizaciones rivales. El Poder Judicial dispuso resguardo policial permanente y controles de ingreso para garantizar el orden durante el proceso.