JNJ ratificó como presidente a Gino Ríos tras tramitar vacancia
Gino Ríos ratificado como presidente de la JNJ.
El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ratificó ayer a Gino Ríos como presidente de dicho órgano constitucional autónomo, luego de que se evaluara la moción de vacancia que fue presentada en su contra por no haber consignado una sentencia de divorcio con agravante de agresión a su esposa.
Los miembros que votaron a favor de la permanencia de Ríos en el cargo fueron María Cabrera, vicepresidenta de la JNJ, Cayo Galindo, Víctor Chanduvi y Jaime de la Puente. En tanto, los miembros Francisco Távara y Germán Serkovic.
Julio Rodríguez, abogado de Gino Ríos, indicó que el Pleno de la JNJ determinó que su patrocinado no afectó ninguna de las condiciones para su designación en dicho cargo y que no es un agresor, de acuerdo con los peritajes realizados.
“Ha quedado evidenciado que él no tuvo condición de agresor, tal como lo señalaron los peritajes correspondientes en su oportunidad y como fue ratificado a la junta por su excónyuge”, dijo.
En esa línea, el letrado descartó que se haya blindado a Gino Ríos con esta decisión y precisó que lo hecho por el Pleno de la JNJ se da en respeto el principio del respeto de legalidad.
El proceso de vacancia contra Ríos inició el pasado 25 de agosto, a raíz del requerimiento presentados por los legisladores Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Flor Pablo (no agrupada), junto a Liz Meléndez en representación del Centro de la Mujer peruana Flora Tristán y Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Durante la sesión reservada que se realizó el pasado 4 de setiembre participaron los abogados y representantes de las partes demandantes al igual que la defensa técnica del administrado, que tuvieron el mismo tiempo para la exposición de sus argumentos.
CASO ARCE
El Poder Judicial rechazó nuevamente el pedido de la Fiscalía para que se ordenara la suspensión temporal de Luis Arce Córdova del cargo de fiscal supremo titular por un plazo de 36 meses, como parte de una investigación que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado.
