Marco Sipán Torres, jefe de la Oficina de Diálogo y Gobernanza.

Ante la detección de conflictos con intereses políticos, la Oficina de Diálogo y Gobernanza del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) desarrolla una directiva para evitar la capitalización política de las protestas. Aunque reconocen que la queja y la disconformidad de la población son genuinas, detallaron que candidatos infiltrados entre los manifestantes podrían estar promoviendo paralizaciones o incluso enfrentamientos.

De acuerdo con la información expuesta en la última rendición de cuentas, la Oficina de Diálogo y Gobernanza registra 24 conflictos: 12 de carácter político-social, 5 medioambientales, 4 vinculados a la exigencia de servicios básicos y 3 por delimitación de fronteras. Sin embargo, desde la oficina detectaron que algunos conflictos tienen componentes fuertemente políticos, con participación de dirigentes ligados a partidos que buscan aprovechar el contexto electoral para capitalizar protestas o paralizaciones.

«A veces llegan comités a expresar su preocupación por una obra que no avanza o registra algún tipo de paralización. Allí vemos a algunas personas con mayor facilidad para obstruir calles o enfrentarse a la policía. Esa población, en realidad, son dirigentes sindicales. Cuando seguimos buscando, resulta que están inscritos en algún partido político. Por lo que sabemos que están haciendo campaña. Sin duda, puede existir preocupación de la población, es normal, pero hay otras personalidades que quieren aprovecharse del conflicto», declaró Marco Sipán Torres, jefe de la Oficina de Diálogo y Gobernanza del GRA.

Ante la incidencia de posible aprovechamiento por parte de algunos dirigentes, la Oficina de Diálogo y Gobernanza del GRA desarrolló una directiva para prevenir la utilización de conflictos y garantizar que los espacios de diálogo no terminen en campañas o material proselitista. A nivel interno, se asegurará la capacitación para que cada gerencia cuente con personal especializado en el manejo de conflictos. Asimismo, se implementará la emisión de alertas tempranas ante casos de aprovechamiento. La directiva fue remitida a la Oficina de Planificación y se espera que sea aprobada antes de finalizar el 2025.

En relación con el proyecto Tía María, Sipán Torres precisó que no existen conflictos sociales dirigidos contra el Gobierno Regional de Arequipa, sino que la responsabilidad recae en la empresa y en sus relaciones comunitarias.