Alertan que la delincuencia crece por la informalidad. Decenas de transportistas de Lima y Callao realizaron ayer una paralización contra el incremento de las extorsiones. Aunque los transportistas en Arequipa no formaron parte de la medida de fuerza, advirtieron que la problemática continúa creciendo ante la inacción de las autoridades.

SON ALREDEDOR DE 400 CASOS

Anteriormente, el gerente del consorcio de transporte AQP Masivo, Marat Santos Huamán, señaló que la alta informalidad en el transporte urbano de Arequipa deja espacio para la aparición de extorsiones. «El peor escenario es pasar al cobro de cupos. Lo vengo advirtiendo, esto se está dando en el Cono Norte. No es algo que me esté inventando. Es peligroso porque [las extorsiones] se dirigen a los informales. La delincuencia crece en la informalidad», indicó.

En 2023, un conductor de la empresa de transporte Mega Bus, que presta servicio en Tiabaya, denunció ser víctima de amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas y mensajes por WhatsApp. La denuncia, presentada a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa, detallaba que los delincuentes advirtieron que asesinarían a su familia si no pagaba un cupo para trabajar. Las amenazas fueron respaldadas con fotografías y videos de armas de fuego.

Desde la Cámara de Empresas de Taxis de la Región Arequipa (Cetara) señalaron que en distritos como Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero y en zonas comerciales del Cercado ya se registran incidentes relacionados a la extorsión. Sin embargo, la problemática podría presentarse en cualquier punto de la ciudad. Pese a que estos casos fueron expuestos ante la PNP, no existen medidas efectivas para erradicarla y la situación se agrava.

«La misma policía reconoce que hay una cifra negra de denuncias que no llegan a formalizarse. Existe temor a represalias porque no se trata de delincuentes aislados, sino de organizaciones criminales. (…) Tampoco hay mucha esperanza en que, una vez interpuesta la denuncia, se reciba apoyo. Esto debido a la poca predisposición que tiene la policía para recabar una denuncia», manifestó Adolfo Paco Medina, presidente de Cetara.

Ante esta situación, Paco Medina exhortó a la Municipalidad de Arequipa a implementar el programa especial Taxi Segura, aprobado mediante la Ordenanza Municipal N.° 1106, que busca reforzar la seguridad ciudadana en el servicio de taxi. Además, propuso la iniciativa de “seguridad por impuestos”, que permitiría a las empresas privadas destinar su inversión —normalmente dirigida a obras— a proyectos de seguridad ciudadana.

CIFRAS

Las autoridades policiales recordaron que todas las comisarías están obligadas a recibir denuncias por extorsión y derivarlas de inmediato a la unidad especializada de la Divincri. No obstante, admitieron que los casos han ido en aumento: solo en julio se registraron 46 denuncias y, entre enero y setiembre de 2025, ya se acercan a 400 a nivel regional. La cifra real podría ser aún mayor debido a las víctimas que no denuncian por temor a represalias o por las dificultades que afrontan al presentar su queja.

Aunque los transportistas en Arequipa no participaron en la paralización realizada en Lima contra las extorsiones, evalúan organizar una protesta si la problemática no obtiene solución.