La humanidad, en los inicios, vivió sometida a regímenes absolutistas de diversas monarquías, donde una sola persona, el rey, concentraba, en él, todos los poderes de legislar, ejecutar y administrar justicia; su palabra era ley, no estaba sujeto a ningún control, disponía de la vida de los súbditos y les imponía qué hacer, qué no hacer, a qué dioses adorar, la prohibición de criticar al rey.

Posteriormente, se fueron conquistando derechos, siendo el primero, la libertad de culto, con el emperador romano Constantino (285-337), cuando permitió a los cristianos celebrar sus ritos y realizar actividades públicamente, a partir del 19 de junio de 325. El segundo derecho en conquistarse fue la libertad de expresión con la Revolución inglesa de 1688 y la Revolución francesa en 1789, acabaron con la monarquía absoluta en Francia; en Inglaterra la reemplazaron por la monarquía constitucional (el rey reina, pero no gobierna); instauraron la separación de poderes (legislar, ejecutar y administrar justicia); establecieron el control del poder y la libertad de expresión. En cambio, la libertad de culto, en América Latina se consiguió, mucho después, durante el siglo XX, y, en Perú, recién se conquistó a plenitud con la Constitución de 1979.

El primer derecho en conquistarse en América Latina y en Perú fue la libertad de expresión, al respecto el jurisconsulto Raúl Chanamé Orbe dice: “Cuando se conquistó la libertad de expresión, a través de la Constitución de Cádiz de 1812, como muestra de júbilo se incendió la oficina de censura que era representado por la temible Santa Inquisición. Decenas de periódicos de todo tipo surgieron en medio del auge de esta libertad. Un nuevo poder se ejerció por medio del diario o el libelo, que muchas veces se presentó servil al gobierno o en franco cuestionamiento a su autoridad. Son célebres los disidentes que se enfrentaron al poder por medio de sus plumas: Sánchez Carrión, Abelardo Gamarra, González Prada, entre otros”. (La Constitución Peruana Comentada, Instituto Pacífico 2023, p. 91).

Acto seguido, nuestro citado constitucionalista escribe: “El siglo XX significó un avance sustantivo en relación a la importancia de la prensa escrita. Así lo constata la Constitución de 1933 que establecía que: ‘Todos tienen el derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones por medio de la imprenta…’ (artículo 63). Creció la escolaridad y la politización social, lo que llevó a clausurar -o expropiar- periódicos como ’La Prensa’ con Leguía, ‘La Tribuna’ con Odría o ‘Expreso’ con Velasco”. (ob. cit. p. 92).

Esta cita, encierra una paradoja, cuando nos dice: “El siglo XX significó un avance sustantivo en relación a la importancia de la prensa escrita. Así lo constata la Constitución de 1933”, a continuación consigna: “Creció la escolaridad y la politización social, lo que llevó a clausurar -o expropiar- periódicos como ’La Prensa’ con Leguía, ‘La Tribuna’ con Odría o ‘Expreso’ con Velasco”.

La paradoja está: por un lado, avanzó en importancia la prensa escrita, por otro lado, clausuraron tres diarios escritos: La Prensa (liberal, por el autócrata de Leguía); la Tribuna (aprista, por el tirano de Odría); y Expreso (ligado a Acción Popular por el dictador de Velasco); esto nos lleva a otra conclusión: las dictaduras en Latinoamérica: fascista o comunista, civil o militar, de derecha o izquierda, el primer derecho en suprimir, es la libertad de expresión.

La libertad de expresión es la medida de la democracia política, si hay libertad de expresión, hay democracia, tolerancia y pluralismo; si no la hay, entonces es dictadura, autocracia o tiranía. La libertad de expresión está ligada a América Latina, desde la Independencia, y es pilar indiscutible de la democracia.