Por: Carlos Meneses

El Congreso tiene ahora la oportunidad de debatir con amplitud y rigor este proyecto, perfeccionarlo y convertirlo en un instrumento eficaz. Una regulación clara y bien diseñada sobre los obsequios puede ser un avance concreto en la lucha contra la corrupción y el clientelismo, males que han debilitado al Estado durante décadas.

La propuesta legislativa presentada por el congresista Edgard Reymundo para regular la recepción de obsequios a funcionarios de elección popular merece un análisis sereno y profundo. En un país donde la confianza en las instituciones se encuentra erosionada, cualquier iniciativa que apunte a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas debe evaluarse con atención, pues constituye un paso hacia la recuperación de la credibilidad pública.

El proyecto plantea regular la entrega y recepción de regalos, cortesías, invitaciones u otros beneficios similares a los funcionarios de elección popular, ya sea en territorio nacional o en el extranjero. El objetivo es que aquellos presentes, incluso los entregados al cónyuge del funcionario o a su nombre, sean transferidos a la oficina de control patrimonial correspondiente para su registro, evaluación y posterior resguardo, donación, transferencia o subasta pública. Se trata de cerrar espacios que, hasta ahora, se han prestado para la opacidad y la sospecha.

Resulta importante destacar que la propuesta incluye excepciones razonables. Se contemplan las costumbres de comunidades rurales durante comisiones de servicio, así como los presentes otorgados por gobiernos locales, regionales, autoridades extranjeras u organismos internacionales en actos protocolares, siempre que no superen el 7 % de una UIT (hoy, 374.5 soles). También quedan excluidos los regalos derivados de condolencias o felicitaciones dirigidas a la institución, y los obsequios familiares o personales en espacios privados. Con ello, se busca evitar una aplicación excesiva que podría desnaturalizar relaciones sociales legítimas.

Sin embargo, la iniciativa también delega en el propio funcionario la responsabilidad de estimar el valor del obsequio recibido. Este punto puede convertirse en un flanco débil si no se precisan criterios objetivos y mecanismos de verificación independientes. La experiencia comparada demuestra que la autorregulación, sin supervisión externa, suele ser insuficiente para prevenir irregularidades.

Regular la recepción de presentes no es un asunto menor. En un contexto de cuestionamientos permanentes a la clase política, la ciudadanía demanda señales claras de probidad. Cada norma que contribuya a transparentar los actos de gobierno y a reforzar la ética pública ayuda a reconstruir la confianza en las autoridades. La propuesta del congresista Reymundo abre una discusión necesaria: cómo equilibrar las tradiciones culturales y la cortesía diplomática con la exigencia ineludible de integridad en el servicio público.